Sigue en marcha el plan de privatización del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón (SIMAS-T), impulsado por un binomio político-empresarial sin consulta a la población. Presenta a la empresa Aguas de Saltillo (AgSal) como modelo hídrico y de eficiencia para Torreón. Testimonios de usuarios del agua de Saltillo describen, sin embargo, fallas de origen en tal empresa público-privada y derechos vulnerados, destacando el derecho humano al agua y saneamiento, así como de derechos laborales, presentando casos de corrupción y carencia de transparencia además. Dado que esta medida privatizadora incidiría directamente en sus derechos, la última palabra la debe tener, empero, no el grupo de poder sino la población torreonense de manera previa, libre e informada. En consonancia, la Contraloría Nacional Autónoma del Agua confía en que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum mantendrá la política de no someter proyectos hidráulicos ni la operación de sistemas de agua y saneamiento a las dinámicas de privatización. Se requiere, propone, que la nueva Ley General de Aguas siente las bases para modelos de gestión de los servicios de agua y saneamiento, basados en la transparencia, la eficiencia, el acceso equitativo, el ahorro y el reúso, tarifas justas y la participación ciudadana efectiva.
Saltillo fue la primera ciudad del país en la que se aplicó el esquema de empresa mixta para la privatización de su sistema de agua.
Desde febrero de 1997 hasta septiembre de 2001, año en que se privatizó, este sistema operó como organismo público descentralizado de la administración pública municipal, similar al SIMAS-Torreón.
La posibilidad de aumentar en forma rápida y significativa la eficiencia de cobranza representaba un gran atractivo para la empresa privada que eventualmente se haría cargo del mantenimiento del organismo operador de Saltillo, ya que éste reunía las siguientes condiciones favorables:
Uno.- La cobertura del servicio de agua potable era de 95 % y la cobertura de medición de 92 %.
Dos.- La eficiencia física -de distribución- era de 46 %, la de cobranza de 70 % y la global de 32 %, pero a pesar de estas ineficiencias, el sistema estaba en equilibrio financiero.
La Ley de Aguas de Coahuila contemplaba que se pudiera suspender el servicio a los usuarios morosos.
Todo esto describía con pruebas y detalles Gloria Tobón Echeverri, presidenta de la Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo (AUAS), fallecida hace un año, el 18 de noviembre del 2023.
El proceso de formación de la empresa mixta AgSal, criticado por la falta de participación ciudadana, fue promovido por Óscar Pimentel González -presidente municipal de Saltillo en ese tiempo y actual secretario de Gobierno de Coahuila-, y conducido por la empresa Arthur Andersen, que en ese entonces era asesora contable de Aguas de Barcelona (AgBar), única compañía que presentó una propuesta y ganó el proceso de licitación.
En agosto de 2001 el cabildo de Saltillo aprobó la asociación del municipio con InterAgBar de México, cuya oferta financiera fue de 81.9 millones de pesos para hacerse dueña del 49 % de las acciones del sistema de agua de la ciudad.
El control administrativo y técnico de la nueva empresa, AgSal, así como la responsabilidad de proveer a los usuarios un servicio básico ligado a un bien común, quedaron en manos del socio privado para el cual el agua representa una mercancía monopólica muy redituable.
Gloria Tobón hacía notar que en los dos años anteriores a la privatización los gobiernos estatal -encabezado por Enrique Martínez y Martínez- y municipal y la Comisión Nacional del Agua -entonces dirigida por Cristóbal Jaime Jáquez, ligado a la cuenca lechera de La Laguna- habían invertido en el sistema de agua de Saltillo cerca de 100 millones de pesos.
Además, las autoridades estatales y municipales promovieron la participación privada y le hicieron un regalo adicional a la empresa mixta: los edificios públicos, que hasta entonces no pagaban agua, lo empezarían a hacer una vez que se privatizara el sistema.
InterAgBar prometió mejorar sustancialmente y en forma rápida la gestión del organismo operador, de acuerdo a los siguientes indicadores: eficiencias física y de cobranza, porcentaje de usuarios con servicio diario, número de horas de servicio promedio y cobertura de agua y alcantarillado.
Ya en 2015 decía Gloría Tobón Echeverri: Aunque son evidentes algunas mejoras en los aspectos administrativos y técnicos del sistema -por ejemplo el mejor control de la gestión mediante sistemas de cómputo, aumento de los días de disponibilidad de agua para un buen número de usuarios y de la eficiencia de cobranza-, los elementos negativos -entre ellos aumentos exagerados de tarifas por consumo y servicios diversos, nuevos elementos de cobro, violaciones legales, falta de transparencia, presentación de información incongruente y presumiblemente falsa-, superan por mucho las mejoras.
A lo anterior, agregaba, la apatía y la complicidad de las autoridades municipales que han gobernado a Saltillo durante los años de la privatización, las cuales se han desentendido de su obligación de velar por los intereses de la ciudadanía en agua y saneamiento.
Aparentemente, para estas autoridades hay dos aspectos muy positivos de esta situación: no estar expuestas directamente a los golpes mediáticos por las fallas del servicio, y recibir dividendos anuales de varias decenas de millones de pesos sin tener que involucrarse.
Hay que inspeccionar, sin embargo, los cuestionamientos jurídicos, técnicos y sociales a la gestión de Aguas de Saltillo.
Esto apenas empieza.
@kardenche
