Va quedando atrás el impacto psicológico de los resultados de las elecciones del 2 de junio y sigue en pie la propuesta de López Obrador de operar cambios profundos en la sociedad mexicana.
La gestión de AMLO ha dejado a México seriamente orientado hacia un esquema personalista de gobierno que centraliza decisiones antes tomadas por los ciudadanos, sea como individuos o asociados. Los resultados no han sido positivos. Los servicios sociales proporcionados por entidades especializadas, desde luego siempre mejorables, fueron desaparecidos o cayeron en costosas ineficiencias burocráticas.
Muchos servicios se han destruido junto con sus fideicomisos extinguidos. La atención en salud y educación es mísera. En lo económico, la falta de apoyo a las pequeñas y medianas unidades agrícolas e industriales ha hecho que muchos consumos no puedan ser satisfechos con la producción nacional si no con la obligada importación de artículos. Muchos proyectos de infraestructura se asignaron sin la licitación correspondiente y catalogados como de seguridad nacional. La deuda pública se ha sobrecargado y pronto tendrá que aliviarse con nuevos préstamos extranjeros como los más recientemente contratados. El creciente déficit fiscal seguirá aumentando. El sexenio que viene tendrá menos margen de negociación con los desconfiados acreedores.
Más destructiva que lo anterior será la última tanda de las "transformaciones" de esta administración que nos espera en septiembre, gracias a la mayoría de Morena en el Congreso, justo antes de la toma de posesión del nuevo gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum.
La reforma al Poder Judicial propuesta desde principios de año por el presidente López Obrador tiene varias facetas envenenadas, cada una con graves repercusiones. El despido de miles de jueces, magistrados y ministros de todos los niveles a nivel estatal y federal implica su reemplazo con ciudadanos de menor y menor experiencia y calificaciones profesionales. La interrupción sine die de atención de miles y miles de casos pendientes en tribunales y juzgados con el consecuente dolor y sufrimiento humano.
El importe presupuestal de las indemnizaciones y jubilaciones, sin mencionar la incalculable pérdida de tiempo en la etapa de aprendizaje de jueces sin una experiencia inmediata, son apenas unas cuantas de las consecuencias previsibles de la mencionada reforma. Otro efecto, aún más grave y trascendente lo conforman los daños y perjuicios de toda índole en los asuntos pendientes de sentencia.
La amenaza más grave y fatal es la que desata López Obrador pretende al dar el remate final a su sexenio con la anulación del equilibrio y control de los tres poderes en que se basa el sistema republicano de gobierno.
La propuesta de la elección popular de todos los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial es parte medular del funesto proyecto. Lo más grave ha sido la pretensión de dar al Poder Legislativo la facultad de anular las decisiones de la Corte de no estar de acuerdo con su sentido u orientación política.
Destruir la función que tiene el Poder Judicial de determinar la constitucionalidad de una ley para ser válida, es la esencia del equilibrio de poderes. Destruir este principio es dejar al arbitrio de presiones indefinidas la obligatoriedad de las sentencias judiciales. Esto significa acabar con el respeto al estado de derecho, elemento indispensable para la seguridad jurídica en el que se fundamenta toda sociedad civilizada.
Reformar al Poder Judicial cambiando más de 50 artículos constitucionales es someternos a la arbitrariedad con que Amlo ha gobernado a México los últimos seis años, ciegamente obsesionado en llevar al país a la ruina más ominosa que no sólo pone en peligro los intereses de cada ciudadano, sino que arrastra a México entero al desprestigio y a la desconfianza internacional cuyos incontables costos serán permanentes.
