Anexos: impunidad y corrupción
Los anexos o centros de rehabilitación para personas con adicciones, en su mayoría, operan ilegalmente y en total impunidad por la corrupción, afirmó el vocero del Foro de Abogados de Monclova, Miguel Ángel Reyna Adam.
En medio de la polémica generada por escándalo por explotación, abusos y maltrato a personas internadas en la “Clínica Sanaréh” de la misma ciudad, el profesional del derecho señaló que es solo la punta del iceberg.
Recordó que en varios de estos lugares ha ocurrido incluso asesinatos, y varios de los homicidas están en libertad. Sostuvo que no están evadidos de la justicia, porque “seguramente pagaron una fuerte cantidad de dinero para no ser detenidos”.
Expuso que los trabajan los anexos con impunidad y corrupción. Pagan “moches” a autoridades para no ser molestados.
“Luego vienen los casos de abusos, de privación ilegal de la libertad de los internos, y hasta lesiones y asesinatos y la Fiscalía dice que no hay denuncias”.
Expuso que el homicidio, el secuestro y la privación de la libertad son delitos que se persiguen de oficio. “No se necesita denuncia. El Ministerio Público debe intervenir al tener conocimiento de los hechos. Una publicación en Facebook, en periódicos o radio o televisión es suficiente para que abran una carpeta de investigación” sostuvo el vocero del Foro de Abogados.
Los ayuntamientos no tienen jurisdicción en el manejo de los anexos. Pero sí otorgan los permisos municipales de uso de suelo, de Protección Civil y de Ecología, indicó Reyna Adam.
Agregó que los gobiernos federal y estatal deben intervenir. Expuso que tiene conocimiento de algunos 10 centros de rehabilitación irregulares. Agregó que otros 6 sí tienen toda la documentación, pero consideró que si acaso uno trabaja por los adictos y el resto por el dinero.
De acuerdo a las leyes de Salud federales y estatales, compete a ambos niveles de gobierno atender a pacientes con enfermedades mentales. La adicción a las drogas es considerada una enfermedad de carácter mental.
Las mismas leyes señalan que la federación y el estado deben pagar la atención y tratamiento en los casos en los que no haya en el municipio o estado algún centro público.
“Entonces el gobierno debería subsidiar y apoyar a los anexos para que atiendan a las personas con adicciones”, indicó. Agregó que primero debe cerrar los centros que solo sacan el dinero a los familiares de los enfermos y asistir a los que trabajan por la salud de estos.
Consideró que la mayor parte ese tipo centros son manejados “por delincuentes, porque no les interesa sanar a los internos. Solo quieren el dinero. Y maltratan a los internos, y los obligan a trabajar, como el caso del señor al que lo llevaban a trabajar como albañil en la construcción de la casa o del rancho del dueño del anexo” expresó Miguel Angel Reyna Adam.
El Vocero del Foro de Abogados de Monclova indicó que la secretaría de salud en sus dos niveles de gobierno debe enviar inspectores a verificar que trabajen adecuadamente esos lugares.
Manifestó que deben tener médicos, psicólogos, enfermeras y hasta maestros las 24 horas del día, como lo marca la ley, para darles una atención integral.
