(EL SIGLO DE TORREÓN)
Este miércoles, Óscar Pimentel, secretario de Gobierno, y José María Montemayor, Secretario de Desarrollo Rural en Coahuila, sostuvieron una reunión con productores agropecuarios del municipio de Cuatro Ciénegas y la región Desierto del Estado para analizar su situación ante los recientes operativos de inspección y aseguramiento de ranchos por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
La reunión tuvo lugar luego de que elementos de la Guardia Nacional, Semarnat y Profepa clausuraron predios de siembra en Beta Santa Mónica del Valle Hundido y Ampuero, un rancho de la cadena comercial Soriana en Valle de Calaveras.
Los productores expresaron su preocupación por el cierre de dos pozos de agua ubicados en Cuatro Ciénegas, acción justificada por la Guardia Nacional como una medida para proteger recursos naturales, pero que, según los ejidatarios, afecta la productividad de sus tierras, por ello es que recurrieron a las autoridades estatales para que intervengan a su favor.
La disputa entre los ejidatarios y el Gobierno Federal se centra en el uso del agua para la siembra, recurso que, según especialistas, se está agotando; sin embargo, los afectados argumentan que el cierre de los pozos resultará en la pérdida de miles de empleos en esta zona desértica de Coahuila.
"Cerrar estos pozos no solo afecta nuestra productividad, sino que pone en riesgo los empleos de muchos trabajadores", expresó uno de los productores presentes en la reunión.
Por otra parte, en un informe presentado durante la Sesión Estatal Ordinaria de Seguridad de la Mesa de Paz en días pasados, se reveló que la Profepa y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) solicitaron seguridad periférica para llevar a cabo las clausuras.
El Jefe de Estado Mayor de la Guardia Nacional reportó que los cierres fueron solicitados por estas entidades debido a que los pozos contienen agua salada endémica, que no puede ser concesionada por su protección especial.
La Guardia Nacional indicó que el aseguramiento de los pozos será temporal mientras se realizan las verificaciones necesarias en los predios. Dependiendo de los resultados, la clausura podría levantarse si se demuestra que no se afecta el agua protegida, o hacerse permanente en caso contrario.
Los funcionarios estatales, Pimentel y Montemayor, aseguraron a los productores que transmitirán sus inquietudes y buscarán soluciones que equilibren la protección del medio ambiente con la necesidad de mantener la productividad agrícola y el empleo en la región.
"Estamos aquí para escuchar sus preocupaciones y buscar alternativas que beneficien a todos", afirmó Pimentel.
