La estrategia contra la violencia que se ha seguido en los últimos años pone en evidencia que uno de los principales obstáculos para su éxito es la falta de eficacia en la prevención, procuración y administración de justicia. Mientras los criminales actúan con recursos ilimitados y una desfachatez alarmante, las fiscalías y los tribunales permanecen como los eslabones débiles en la cadena de seguridad ciudadana delineada en nuestra Constitución, lo que perpetúa un círculo vicioso de corrupción e impunidad que afecta la credibilidad del sistema de justicia penal.
Estas debilidades no son nuevas. Por un lado, las fiscalías, encargadas de investigar y procesar los delitos una vez fracasada la prevención, generalmente carecen de los recursos necesarios, tanto humanos como materiales y tecnológicos, para investigar y perseguir eficazmente a los delincuentes, muchos de ellos con redes de protección institucional, lo que se agrava por las fallas de coordinación entre las distintas autoridades. Por otro, los tribunales, encargados de juzgar y sancionar legítimamente a los delincuentes, frecuentemente enfrentan un cúmulo de desafíos que limitan su capacidad de actuar con la celeridad y firmeza necesarias, desde la escasez de jueces especializados y del personal necesario para la operación expedita de los procedimientos, hasta casos de corrupción, falta de oficio, miedo y cooptación por personas, grupos o sectores interesados en influir en el resultado de algún proceso.
Pese a que la procuración y administración de justicia son elementos imprescindibles en el sistema constitucional de seguridad, la estrategia de la presidenta Sheinbaum, con todo y sus aciertos, no toma en cuenta a las fiscalías y tribunales, quizás porque éste se pensó para los primeros 100 días. Llama la atención que ninguna de sus estrategias contemple la mejora en las investigaciones y la debida impartición de justicia. Por ejemplo, ni en el Gabinete de Seguridad ni en el Gabinete Alterno se prevé la presencia de las fiscalías y de los tribunales, quizás por la idea rancia de las autonomías -que de ninguna manera significan divorcio o falta de diálogo conjunto. ¿Qué pasará, entonces, cuando la Guardia Nacional detenga delincuentes gracias a los sistemas de inteligencia reforzados, y por defectos del Ministerio Público o miedo de los jueces se les ponga en libertad? Es obvio: seguiremos ayunos de resultados pese a las mejores intenciones de la presidenta y su Gabinete de Seguridad.
Es evidente que cualquier estrategia de seguridad que no contemple la coordinación con fiscalías y tribunales sólidos está condenada al fracaso. Sin un diálogo robusto, que respete las autonomías, claro está, pero que sea capaz de construir políticas públicas que lleven a investigaciones, procesamientos y castigos eficaces, los esfuerzos se diluirán rápidamente. Es la hora de las innovaciones ¿o no? Parece entonces imperativo que el Estado haga una revisión urgente y en serio de las condiciones jurídicas y materiales en las que operan fiscalías y tribunales y adopte las reformas precisas para su consolidación, si verdaderamente aspira a recuperar territorios, reestablecer el orden y lograr la pacificación, sobre todo en las regiones más violentas del país.
