Todavía sin Ley General de Aguas, ciudadanos construyen Contralorías del Agua para vigilar la gestión del líquido y presentar propuestas a los gobiernos, generar soluciones con sus propios esfuerzos y evaluar el desempeño de funcionarios, incluso de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). El viernes 21 de junio, integrantes de estos organismos autónomos provenientes de 14 estados revisaron los avances de su construcción y sostuvieron un diálogo con el Relator del Derecho Humano al Agua de la ONU, Pedro Arrojo. Allí fijaron próximos pasos a dar en la cimentación del buen gobierno del agua en México.
La reunión explicó las acciones que está tomando frente al hecho de que cuatro legislaturas han incumplido con el mandato de aprobar una Ley General de Aguas, y frente a la incapacidad de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de resolver los problemas de sobre concesionamiento, acaparamiento y contaminación.
Representantes de estas contralorías explicaron al Relator de la ONU su proceso de conformación del nivel local hasta el nacional, para generar propuestas, ser copartícipes en procesos de planeación con los gobiernos y monitorear el desempeño de los servidores públicos a cargo del agua.
Pedro Arrojo, Relator Especial de los Derechos Humanos al Agua Potable y al Saneamiento de la ONU, destacó la relevancia de la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas, la cual ha estado presente en los informes de las Naciones Unidas; subrayó, además, la importancia de la gobernanza democrática participativa.
A nombre del Grupo Promotor de la Contraloría Nacional Autónoma del Agua, Citlali Hernández explicó que después del incumplimiento de cuatro legislaturas con el mandato constitucional de reemplazar la actual ley mercantilista con una Ley General de Aguas centrada en los derechos humanos, la sustentabilidad y la participación, y al considerar a la Conagua como una institución fallida, se tomó la decisión de construir una estructura comunitaria y ciudadana para defender el agua como un bien común.
Relató que el proceso inició en 2020 en siete regiones del país, y ahora se ha extendido a 18 estados y a nivel nacional. Buscan que las decisiones sobre el agua sean tomadas de manera participativa en el territorio, para así aprovechar los conocimientos de investigadores, comunidades y pueblos, y para contrarrestar la influencia de los grandes intereses.
Habiendo aprendido que la voluntad del Ejecutivo no es suficiente para erradicar la corrupción de la Conagua, han iniciado la evaluación del desempeño de sus funcionarios, cuyos resultados serán entregados a la administración entrante.
Destacaron en la reunión avances de contralorías en Puebla, Mexicali, Región Lagunera, Tabasco, Yucatán, Valles Centrales de Oaxaca, San Luis Potosí, Guanajuato, Región Tolteca en Hidalgo, Cuenca de México, Ciudad de México y Estado de México, entre otras regiones.
Se dinamizan además procesos de organización en Chihuahua, Monterrey, Coahuila y Oaxaca capital, según se detalló.
Se prevé que en octubre se constituya la Contraloría Nacional Ciudadana Autónoma del Agua como momento culminante de un congreso igualmente nacional previsto para realizarse en San Luis Potosí.
A partir de 2020 se consideró vital los procesos de cambio de terreno y organización autónoma desde los territorios que llevan a cabo los integrantes de pueblos indígenas, los sistemas comunitarios, así como los promotores de contralorías autónomas del agua y de otras formas de organización desde abajo que existen o se construyen de acuerdo "a nuestra situación y tradiciones".
La figura de contraloría ciudadana se sustenta jurídicamente en los derechos de información, de petición, de asociación y de participación en diversos sectores de la sociedad para la planeación democrática del desarrollo nacional, los cuales están plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los artículos 4°, 6°, 8°, 9° y 26, respectivamente.
En efecto, la reforma al artículo 4° constitucional del 8 de febrero de 2012 consagra la participación ciudadana.
Con su innovativo mandato que busca garantizar el acceso y uso equitativo y sustentable del agua para la población de nuestro país.
Se dijo entonces que en el plano internacional y nacional las Contralorías Sociales tienen un marco que facilita esta labor.
Entre otras, las funciones de las contralorías ciudadanas autónomas del agua son investigar, procurar, recibir y divulgar información por cuenca, subcuenca, alcaldías y municipios por medio de informes, boletines de comunicación, divulgación multimedia, campañas, etc., según sea la importancia del caso.
Además, exigir transparentar reuniones en las que se tomen decisiones que afectan la gestión del agua.
En esta ocasión, Pedro Arrojo, Relator de la ONU, expresó su deseo de que el 22 de marzo del 2025, Día Mundial del Agua, se pueda celebrar la promulgación por fin de la Ley General de Aguas.
@kardenche
