Cada vez es más evidente el plan presidencial que busca desactivar y deslegitimar las instancias que genuina y esforzadamente han mantenido viva la exigencia de verdad y justicia en cuanto a los normalistas de Ayotzinapa cuya desaparición sigue siendo un caso sin resolver pero, sobre todo, un ejemplo contundente de impunidad militar y de incapacidad civil de ir más allá de donde el verde olivo levanta murallas.
En similitud con lo sucedido durante la administración de Enrique Peña Nieto, el presidente López Obrador ha montado una campaña declarativa para descalificar a las organizaciones civiles y abogados que acompañan y defienden las exigencias de los familiares de los 43, además de ir desmantelando y desnaturalizando las estructuras creadas por el actual gobierno federal en sus primeros aires justicieros.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, que ha sido recurrente destinatario de injustificadas críticas mañaneras, ayer así respondió y puntualizó: "Culpar a #OEA, #CIDH, #GIEI, actores políticos, jueces, orgs. civiles, o a las víctimas por no poder esclarecer el caso, es una manera de distraer la atención de lo relevante: la incapacidad de la #FGR y la obstaculización generada por la #SEDENA, hoy más empoderada que nunca".
La pérdida gubernamental de la brújula original ha llevado a situaciones tragicómicas: el nuevo subsecretario de derechos humanos, Arturo Medina, ha recurrido a la deplorable treta de habilitar a un grupo minoritario de familiares de los 43 para "llegar a acuerdos" con ellos, desplazando a la representación mayoritaria e histórica, que no está relacionada, por ejemplo, con el expresidente de Iguala, José Luis Abarca.
En ese contexto de provocación y exclusión, este miércoles se realizó una reunión extraoficial de funcionarios de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) con el grupo minoritario de familiares, cuyo principal declarante, Felipe de la Cruz, afirmó posteriormente que en realidad se había desarrollado una sesión formal de la Comisión y que de ella se desprende la posibilidad de un encuentro con el presidente de la República el mes próximo (nota del reportero Miguel Ángel Pérez: https://goo.su/D0Oo ).
La sesión para construir la "nueva verdad" duró unas cuatro horas y estuvieron presentes el citado Arturo Medina, el fiscal relevista Rosendo Gómez Piedra (nombrado, sin experiencia, para sustituir a quien tenía el seguimiento del caso, Omar Gómez Trejo, ahora perseguido) y el director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto de León Huerta, según detalló Felipe de la Cruz.
La reunión ha sido "la primera a la que no fueron convocados el @CentroProdh y @Tlachinollan, tampoco las madres y padres que representan". Recuérdese que la representación mayoritaria de los familiares en protesta se levantó de una sesión anterior cuando el subsecretario agregó a los trabajos al grupo minoritario que, a su vez, asegura que constantemente los otros familiares les ocultan información de los acuerdos a que llegan. Por lo pronto, queda instalada desde la Segob la vertiente de la discordia y la pretensión de construir un "final" del caso conforme al enfoque gubernamental deseado, con la "aprobación" de este grupo minoritario.
El presidente Biden quiso defenderse ayer del señalamiento de un fiscal especial en el sentido de que tiene una "memoria limitada" y, en tal esfuerzo, confundió a López Obrador con el mandatario egipcio Abdelfatah El-Sisi: "Como saben, recientemente el presidente de México, Sisi, no quería abrir la puerta para permitir que la ayuda entre (a la Franja de Gaza). Yo hablé con él, yo lo convencí de abrir las puertas"... Vaya nivel de pleito entre Alito Moreno y Jorge Álvarez Máynez por el espectáculo etílico de este y otros personajes de Movimiento Ciudadano durante un partido de futbol en Monterrey… ¡Hasta el próximo lunes!
