Su hija Jazmín y su esposo Alfredo Dimas. (GUADALUPE MIRANDA)
En busca de justicia, después de dos años y cuatro meses de la muerte de Silvia Pedroza, de 50 años, su hija Jazmín y su esposo Alfredo Dimas, lograron que se programara una primera audiencia por el delito de negligencia médica en contra de Ricardo N, médico responsable, y el propietario del establecimiento donde se acondicionó como quirófano.
Entrevistados a las afueras del Centro de Justicia Penal, Jazmín y Alfredo compartieron que fue el 16 de mayo de 2022, que Silvia se sometió a una cirugía de aumento de busto y una liposucción, procedimientos que le fueron realizados en una clínica oftalmológica que fue acondicionada como quirófano, carente de áreas de recuperación y de cuidados intensivos.
Relataron que la intervención se llevó a cabo a las 9:00 horas y cuatro horas después, Silvia ya se encontraba en casa. Siempre se mantuvo inconsciente.
Para sus supuestos cuidados, le fue asignada una enfermera “que nunca le hizo nada”, dijo Jazmín, por lo que su madre en un momento dado comenzó a presentar problemas para respirar por lo que se comunicaron con el médico tratante, quien acudió en compañía de anestesiólogo quienes juntos aseguraron que era parte del procedimiento pero que se encontraba bien.
Sin embargo, después de tres días, fue necesario llevarla a la clínica 16 del IMSS en Torreón, en donde le informaron que se encontraba delicada por lo que fue intubada debido a la gravedad. Dos días más tarde falleció.
El hecho sorprendió a la familia, pues habían confiado en la palabra del supuesto cirujano plástica, que como parte de la investigación, descubrieron que no contaba con la preparación de un cirujano plástico sino que era solo cirujano general.
“Le da el paro cardiorrespiratorio y la pasan a terapia intensiva y fallece.
Pido que le hagan la necropsia, y después ocho meses de estar detrás del ministerio público no sabíamos la causa. Nos pedía que no contratáramos a asesores, duramos 8 mes, acudiendo a fiscalía (de Justicia del Estado), no nos recibía ( el ministerio público), que no había nada.
Gracias a los asesores que se contrataron se pudo integrar una carpeta, pero ha sido un batallar, hemos lucha muchísimo, el ministerio público lejos de ayudarnos nos han obstaculizado, hemos batallado esta es la primera audiencia”, dijo Jazmín.
La necropsia que se le practicó, cuyos resultados fueron dados a conocer por la insistencia de la familia fue anoxemia (falta de oxígeno en la sangre) y muerte cerebral.
Como parte de la investigación, de acuerdo con Gualberto Hernández, representante legal, se conoció que la clínica, ubicada en la avenida Juárez, a un costado del Hospital Universitario de Torreón, contaba con permisos vencidos para operar como tal.
