Campaña interminable
La campaña presidencial empezó apenas este pasado 1 de marzo, pero hay buenas razones para entender por qué parece que lleva ya mucho tiempo.
La candidata del gobierno empezó sus recorridos en el otoño del 2021, una vez que terminaron las elecciones federales del 6 de junio de 2021. Con el apoyo abierto del presidente López Obrador, Claudia Sheinbaum empezó a viajar por el país con el fin de dar una serie de “conferencias” sobre las políticas que había aplicado en el gobierno de la Ciudad de México. AMLO promovió también una competencia entre los aspirantes de su partido, a los que llamó “corcholatas”, para no usar el término de candidatos, en previsión de una posible violación de la ley electoral. Los demás aspirantes también realizaron giras por el país, en algunos casos con el uso abierto de recursos públicos, como hizo el exsecretario de gobernación Adán Augusto López.
El proceso interno dentro de Morena, el partido del gobierno, lo lanzó el propio presidente una vez que terminaron las elecciones del 4 de junio de 2023 en el estado de México. Antes de que la ley permitiera el inicio de las precampañas, que debería haber sido en la tercera semana de noviembre de 2023, ya los aspirantes realizaban giras para promoverse. La legislación les impedía pedir el voto o explicar sus programas de gobierno, mientras que el presidente les prohibía expresar cualquier crítica a las políticas de la administración, pero sí buscaban promoverse.
No sorprende que, desde antes de empezar las campañas formalmente, ya la población sufriera cansancio. Si la ley pretendió imponer unas campañas cortas, de solo tres meses, de marzo a mayo de 2024, para favorecer a los candidatos más conocidos e impedir que los retadores pudieran venir de atrás para arrebatarles el triunfo, lo que ocurrió realmente es que las campañas se prolongaron casi tres años. La fatiga es natural.
Hoy, por lo menos, ya podemos escuchar las propuestas de los candidatos y sus planes de trabajo. De eso se tratan, a final de cuentas, las campañas. Los intentos por poner un bozal al proceso, que están también en la ley, no han tenido éxito. Los insultos y las descalificaciones no han parado tampoco desde hace tres años, solo que se manejan en redes sociales y no en los discursos oficiales.
La candidata oficial, Claudia Sheinbaum, aparece en primer lugar en las encuestas. No solo ha tenido desde el primer momento el respaldo de un muy popular presidente, sino que además ha aprovechado unas reglas electorales que discriminan a los candidatos que no son tan conocidos. En el proceso, por otra parte, el presidente ha intervenido casi todos los días, descalificando a la principal candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, casi todos los días. Aunque lo prohíbe la ley, los árbitros, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral, no se han atrevido a intervenir. López Obrador ha demostrado que no se tienta el corazón para lanzarse en contra de quienquiera que ose cuestionarlo o tratar de obligarlo a respetar la ley. “Y que no me vengan con el cuento de que la ley es la ley” es una de las frases más distintivas de este sexenio.
A final de cuentas, sin embargo, los ciudadanos tienen todo el derecho de acudir a las urnas y de votar por quien quieran. Los ciudadanos seguimos siendo quienes manejamos las casillas electorales y contamos los votos. Quizá no tenemos las mejores leyes, pero el INE ha demostrado ser eficiente e imparcial. Y la experiencia nos dice que, si queremos, podemos cambiar cualquier gobierno, si no nos deja satisfechos.
