La ejecución del sacerdote católico Marcelo Pérez, en San Cristóbal de las Casas, confirma de manera estridente la larga crisis de desgobierno que se vive en Chiapas, donde grupos del crimen organizado, intereses relacionados con las empresas extractivistas y políticos concentrados en la corrupción y las complicidades han agravado la histórica situación crítica de aquella entidad.
Tal asesinato se produce mientras comunidades zapatistas denuncian las constantes agresiones criminales que sufren, con grupos delictivos como instrumento de terror y una preocupante inacción de la nueva administración federal, la claudista, como si en su seno hubiera nuevos mandos que buscan la provocación y la confrontación con aquellas comunidades.
A pesar de las continuas llamadas de alerta y solicitudes de auxilio que se han producido desde diversos flancos sociales en Chiapas, el gobernador morenista Rutilio Escandón se mantiene como una figura no solo decorativa sino, en los hechos, como corresponsable de primer nivel del grave deterioro generalizado que se vive allá. El gobierno federal, en su versión sexenal anterior, ahora en proceso de continuidad con la misma bandera partidista, tampoco ha sido capaz de atender con eficacia y resolver los problemas acumulados.
Por salir ya el gobernador Escandón, regresa a la administración estatal la escuela política del Partido Verde Ecologista de México (el ente de las cuatro mentiras) y del exgobernador Manuel Velasco Coello, a través de Eduardo Ramírez, quien representa la continuidad del esquema de gobierno elitista, frívolo, corrupto y represivo que se vivió con quien ahora es senador y coordinador de sus compañeros de bancada y que incluso recibió un beso en la mano de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, enreciprocidad por similar gesto realizado por el "güero" verdoso, persistente "aliado" de la 4T.
Lo que sucede en Chiapas (ataques a defensores de derechos humanos, ambientalistas, opositores a proyectos industriales dañinos, luchadores sociales y periodistas críticos) es una parte del panorama general de malos gobiernos estatales que se vive en la mayor parte del país, combinados esos malos resultados de gobierno con la corrupción descarada, las alianzas con grupos criminales, y el uso de recursos públicos para beneficio de las camarillas en el poder y de los proyectos políticos y electorales que garanticen la subsistencia de tales ciclos nefastos.
En Sinaloa, para dar otro ejemplo, se ha declarado que fue un montaje lo que la entonces titular de la Fiscalía General de la República, y el todavía gobernador, Rubén Rocha Moya, en su momento dieron por bueno: el presunto asesinato del diputado federal electo y jefe político de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen Ojeda, en un "intento de robo" de camioneta en una estación surtidora de gasolina de Culiacán, el mismo día en que inició la crisis derivada de la sustracción o entrega de Ismael Zambada, el Mayo, para acabar en manos de agentes estadunidenses.
Tal montaje representó desde el primer momento un atentado a la inteligencia y a las reglas mínimas de la actividad forense. Pero aún así, el gobernador Rocha Moya tejió una salida amable e impune para la titular de la fiscalía, haciendo elogio de su trabajo que, ahora, la oficina de Alejandro Gertz Manero ha señalado como falso.
La entidad que fue cuna de varios personajes relevantes del crimen organizado está sumida en la guerra entre los grupos de los Chapitos y los Mayitos, así llamados en cuanto a que los encabezan los herederos de Joaquín Guzmán y de Ismael Zambada, respectivamente. No hay gobernador real y eficaz en Sinaloa y el gobierno federal ha enviado contingentes militares abundantes pero ineficaces, pues solo buscan administrar el tiempo, aparentar acciones y, en el fondo, esperar a que los cárteles terminen sus enfrentamientos con el triunfo de uno u otro de los grupos. ¡Hasta mañana!
