Norma Piña
El presidente López Obrador no ha ocultado su desprecio por los jueces, magistrados y ministros de nuestro país, no por lo menos desde que su aliado Arturo Zaldívar dejó el mando de la Suprema Corte en enero de 2023. El 12 de febrero de 2024 declaró: "El poder judicial está tomado, está secuestrado, está al servicio de la minoría rapaz, está al servicio de la delincuencia llamada organizada y de la delincuencia de cuello blanco". Cuando Zaldívar encabezaba la Corte, en cambio, le dio pleno respaldo, apoyó su reforma judicial de 2020 y propuso que se quedara en la presidencia del tribunal dos años adicionales en violación de la ley.
Hoy se está discutiendo la posibilidad de que el gobierno, aprovechando su victoria electoral, acabe con la independencia del poder judicial. AMLO propuso el pasado 5 de febrero una iniciativa para que jueces, magistrados y ministros sean electos por voto popular. No cualquiera, sin embargo, podría postularse. Para los ministros de la Corte, la Presidencia de la República, controlada por Morena, propondría 10 candidatos; la Cámara de Diputados, dominada por Morena, cinco; el Senado, también de Morena, cinco; y el pleno de la Suprema Corte, con tres ministras totalmente Morena, otros 10. Esta elección del pueblo sabio está diseñada para darle al presidente una mayoría segura.
Claudia Sheinbaum, la virtual presidenta electa, no ha sorprendido al apoyar esta propuesta, ya que en su campaña respaldó todas las iniciativas y ocurrencias de López Obrador. En el tercer debate, el 19 de mayo, declaró: "Muchos ministros se han extralimitado y han echado para atrás las leyes que apoyan al pueblo de México". Al día siguiente, en "Tercer Grado", le pregunté: ¿No es "la función de un tribunal constitucional echar para atrás leyes inconstitucionales"? Ella respondió: "La mayoría de las decisiones de la mayoría de los ministros de la Corte fue por forma y no de fondo, y muchas de las decisiones que tomaron en términos de la forma no eran suficientemente sustentadas. Yo creo que lo importante en todo caso de la Corte es entrar al fondo". Cuestioné: "Es que cuando no se permite a la oposición ni siquiera conocer las iniciativas, cuando se cambia la iniciativa en la noche y se presenta otra, se está violando la ley, se está violando la Constitución". Ella afirmó: "Habría que preguntarse si la Corte está, o el poder judicial en general, atendiendo a los más necesitados de nuestro país, si la justicia es igual para todas y para todos".
Hoy estos argumentos se están empleando para justificar una solución, la elección por voto popular, que no resuelve más problema que asegurar que los nuevos jueces, magistrados y ministros sean leales al partido dominante. En cualquier país del mundo una ley que se promulga violando la Constitución se invalida por inconstitucional. Los tribunales, además, no pueden considerar en sus deliberaciones si quienes acuden a buscar justicia son más o menos necesitados. La ley debe ser igual para todos.
Este 3 de junio, cuando se le preguntó sobre el llamado plan C, AMLO dijo que iba "a hablar con Claudia" para ver si la reforma se hace o no antes de terminar el sexenio. Añadió: "Yo sí pienso que se tiene que abordar el tema de la reforma al poder judicial porque no es posible mantener un poder judicial que no esté al servicio del pueblo". Como él piensa que el único representante del pueblo es él, la frase significa realmente: "que no esté a mi servicio". Yo considero, en contraste, que mucho daño se le haría al país si un grupo impone una reforma para colocar el poder judicial a su servicio.
MERCADOS
Primero se anunció una "llamada de conferencia" del secretario de hacienda, Rogelio Ramírez de la O, para tranquilizar los mercados, pero el sistema se cayó. El secretario salió después en una llamada de dos minutos en la que ofreció compromisos vagos de prudencia fiscal sin aceptar preguntas. Muy mal manejado.
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