Previo a la clausura, a los propietarios se les había dado un plazo de cinco días para que subsanaran las fallas.
En poco más de 15 días, se clausuraron de forma definitiva cuatro centros de rehabilitación en el municipio de Lerdo que operaban de manera irregular y que además, estaban "en el ojo del huracán" pues había inconformidad por parte de vecinos ya que hubo ocasiones en que las personas internas se fugaban, subían a las azoteas de los domicilios particulares y se robaban desde aires acondicionados hasta el cableado. En estos lugares, se atendían a cerca de 108 mujeres y hombres con problemas de adicciones.
El director de Prevención Social Municipal, Roberto Carlos Calderón Gamboa, informó que se revisaron siete establecimientos, de los cuales, uno ubicado en la colonia Villa Jardín y tres de la zona Centro, no contaban con licencia funcionamiento, tenían deficiencias en su infraestructura, condiciones insalubres, había hacinamiento y no llevaban un control de ingreso, reingreso y salida de los usuarios. En Villa Jardín, el centro de rehabilitación era femenil y tenía una población de diez personas. En el centro, uno era mixto y tenía ingresados a 14 mujeres y 34 varones; otro más tenía a 24 usuarios y el cuatro atendía a unas 26 personas.
El funcionario dijo que previo a la clausura, a los propietarios se les había dado un plazo de cinco días para que subsanaran las fallas y acudieran a regularizar su situación a la presidencia municipal.
"Pero no cumplieron en ese tiempo que se les dio y nosotros clausuramos por esas cuestiones. Por otra parte, la gente se opuso a que esos centros estuvieran ahí en el Centro de la ciudad, ya la gente no quiso, hacían sus plantones en presidencia y en realidad, la gente es la que decidió que esos centros ya no estuvieran ahí. En uno de los centros, los chavos se les escapaban, hacían huida y ocasionaban problemas en las azoteas de las personas, había robos a aires acondicionados, manifestaron que hubo perjuicios a casas, en cuestión del cable, se brincaban y la gente tenía miedo, la verdad", detalló.
Calderón Gamboa indicó que tras el cierre de estos centros, los usuarios fueron reubicados a otros establecimientos del vecino municipio de Gómez Palacio. En salubridad, indicó que las multas van desde los 15 hasta los 54 mil pesos y que a ello, se suman las sanciones económicas por no contar con las licencias de funcionamiento.
El funcionario indicó que estas acciones las realizan en conjunto con otras dependencias como Seguridad Pública y Ejecución Fiscal y, en apego a la Ley de Prevención y Asistencia para la Atención de las Adicciones del estado de Durango, que entre sus objetivos tiene la regulación e implementación del conjunto de medidas, acciones y estrategias dirigidas a la prevención de las adicciones, a la atención e incorporación social de las personas que padecen problemas de adicciones y a la formación e investigación en dicho campo. En su artículo 27, señala que los centros de atención primaria en adicciones tienen la obligación de contar con autorización de funcionamiento, con personal técnico calificado en las áreas de salud, social, psicológica, laboral, y en su caso educativa, tener infraestructura adecuada, garantizar que el ingreso y la permanencia del usuario sea estrictamente voluntaria y llevar un control de ingreso, reingreso y salida de los usuarios, etcétera.
