Como resultado de la reforma al Poder Judicial, en Coahuila tendrán que elegirse los titulares de unos 150 cargos, en un proceso del que se advierten “complicaciones delicadas”, según lo que expuso el magistrado presidente del Poder Judicial local, Miguel Felipe Mery Ayup.
Y es que, según explicó, hay muchas dudas sobre cómo se va a desarrollar el mecanismo de elección, el costo que va a generar, así como las repercusiones financieras ante la posible cascada de jubilaciones que podría ocasionar.
En todo el estado se tendrá que elegir a 16 magistrados del pleno del Tribunal Superior de Justicia; cuatro magistrados distritales y tres más del Tribunal Laboral, e igual número del disciplinario, aunado a 120 jueces.
“Lo que determina la reforma constitucional es que todos, para el año 2027, tendrán que haber ido a la boleta, a través de los tres esquemas propuestos, sea con la mitad en el año 2025 y la otra en el 27, o todos en el 25 o todos en el 27” dijo Mery Ayup.
Ante ello, dijo, se advierten “complicaciones delicadas”, porque los jueces y magistrados tendrán que ocupar el tiempo que ya tienen destinado al trabajo diario para ir a una elección, que se desconoce si se va a desarrollan en 30 o hasta en 60 días, bajo mecanismos que tampoco están muy claros.
Tampoco se han determinado las leyes secundarias para saber si tendrán o no que hacer proselitismo.
“Hay muchas dudas con respecto a todo eso; es un modelo que nunca se había aplicado en México ni en algún otro país cercano”, refirió, al señalar que lo más parecido a esto es la selección de los llamados jueces de paz, quienes sí deberían ser votados porque son cercanos a la comunidad, ya que su función es contribuir a hacer una mejor ciudadanía mediante la resolución de conflictos vecinales, accidentes viales entre otros.
La reforma judicial, dijo el magistrado presidente, también dejó fuera a los juzgadores del ámbito agrario porque “pareciera que se les olvidó a los legisladores” que la aprobaron.
Sin recursos
Mery Ayup dijo además que el Poder Judicial de Coahuila carece de recursos económicos para liquidar a quienes no deseen participar en la elección o bien, la cascada de jubilaciones que pudiera surgir como producto de dicha reforma.
Aunque todos los integrantes tienen derecho a participar, serán los poderes Ejecutivo, Legislativo y el mismo Judicial los que generarán sus propias listas y propuestas de aspirantes, así como las convocatorias respectivas.
Cuestionó que los legisladores afirmen que la elección federal de 2025 se vaya a solventar los 7 mil millones de pesos, que supuestamente se obtendrán de la confiscación de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, y aseguren que a los estados no les va a costar.
“Somos la institución que nunca ha recibido recursos federales, que jamás está considerada en un fondo, que se tienen situaciones de falta de atención o de ejecutividad en procesos porque se requiere más personal. En vez de gastar, hubieran podido entregar un fondo nacional para fortalecimiento de poderes judiciales locales”, resaltó, al señalar que Coahuila está por debajo de la media nacional de cuatro jueces por cada 100 mil habitantes, pues se cuenta con 3.2
Para atender este criterio, se necesitan por lo menos otros 30 jueces en toda la entidad, ya que actualmente cada juez revisa unos 2 mil 300 asuntos en promedio.
