Ricardo Anaya Cortés recibió su acreditación como senador, lo cual le permitirá contar con fuero legislativo durante un sexenio. Llegó por la vía plurinominal y a nombre de Acción Nacional, como concesión del grupo que encabeza el todavía presidente de ese partido, Marko Cortés.
Anaya fue candidato presidencial blanquiazul en 2018, luego de una presurosa carrera política que le había hecho dirigente nacional del partido de derecha y le colocó en una accidentada ruta en pos de la banda tricolor en el pecho. A Anaya se le acusó en aquel momento electoral de haberse enriquecido de manera delictiva en operaciones inmobiliarias en Querétaro, el estado donde fue diputado local y ocupó otros cargos administrativos y partidistas.
La acusación, relacionada con la compraventa de una nave industrial supuestamente como fórmula para dar ganancias económicas a Anaya, se sostuvo de manera intensa a lo largo de la contienda presidencial, pero fue abandonada por la procuraduría federal de justicia, cuyo mando real era Enrique Peña Nieto, en los últimos días de su mandato, como si solo se hubiera sostenido para fines electorales que, una vez cumplidos, dieron pie a declarar innecesaria la aplicación de una sanción penal.
La guerra judicial y mediática contra Anaya, cuya ambición y traiciones le generó rechazo de cuadros importantes del panismo, hizo que en la práctica no hubiera un candidato que hiciera verdadera oposición a Andrés Manuel López Obrador, quien terminó ganando la contienda con el 53.19 por ciento de los votos, contra 22.27% del citado Anaya y un 16.41% a favor de José Antonio Meade Kuribreña, postulado por el PRI a pesar de su evidente inviabilidad de triunfo.
Otra acusación le mantuvo tres años fuera del país, en una especie de exilio no jurídicamente declarado, sin atender citatorios a declarar sobre lo dicho en su contra por Emilio Lozoya, en el contexto de los sobornos y corrupción que protagonizó el entonces secretario peñista de Energía. La tortuguesca Fiscalía General de la República tampoco atendió a fondo el caso y no hizo nada eficaz para perseguir y aprehender al panista esquivo, que ahora ha regresado al poder legislativo, con fuero en lo inmediato pero también con el riesgo de que la dominante aritmética legislativa de la 4T pueda instaurar un juicio de procedencia para desaforarlo.
No es, desde luego, una excepción tal uso del fuero legislativo para eludir la acción de la justicia. Napoleón Gómez Urrutia, titular por herencia paterna del gerenciamiento del sindicato nacional de trabajadores mineros, despachó durante largos años desde Canadá, para no enfrentar presencialmente acusaciones de malos manejos por millones de pesos. Y regresó de la mano de la llamada 4T en 2018, como senador, sin riesgo de que se cumpliera una orden de aprehensión.
El expanista Javier Corral Jurado también tomará posesión de un escaño, como plurinominal a nombre de Morena, a pesar de que enfrenta acusaciones de la fiscalía chihuahuense, a la que se menciona como instrumento de venganzas de la gobernadora Maru Campos. Más allá de las exculpaciones políticas, retóricas e institucionales (estas, del INE), y de los rescates privilegiados en CdMx, en aquella entidad persiste un proceso judicial que ya no podrá alcanzar al panista de cuatro décadas, quien está encaminado por Claudia Sheinbaum a dirigir una agencia federal anticorrupción, lo cual le hará dejar su asiento senatorial.
Otro caso que debería ser de escándalo nacional es el relacionado con Alejandro Moreno Cárdenas, a quien se ha pretendido enjuiciar en Campeche, el estado que redituablemente desgobernó (y donde Layda Sansores se ha cansado de pedir a TortuGertz que actúe contra el autodenominado Alito).Tampoco avanzó el intento de desafuero en la cámara de diputados. Y ahí sigue, reelecto como dirigente priista y senador con fuero. ¡Hasta mañana!
