Por su ubicación geográfica, relieve y climas, México es uno de los cinco países megadiversos del planeta, junto con Brasil, Colombia, China e Indonesia; alberga el 10% de especies registradas a nivel global, ocupa el quinto lugar en plantas, segundo en mamíferos y primero en reptiles, con algunos endemismos. Esta diversidad biológica en genes, especies, y ecosistemas, es razón suficiente para que en el país se le diera una importancia significativa para protegerla y conservarla, tanto de parte del gobierno como de los ciudadanos.
El capital natural existente en nuestro territorio debiera implicar una atención prioritaria de la política pública en materia ambiental, que implicaría asignar presupuestos para crear la infraestructura necesaria para esa protección. Si bien durante las últimas décadas, en particular a partir de los compromisos que el país suscribe en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, en 1992, cuando firma el Convenio sobre Diversidad Biológica, se ha venido creando un andamiaje institucional para enfrentar los retos de contener las amenazas constantes que se enfrentan, la atención gubernamental ha sido insuficiente.
En 1988 se promulga la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), en 1992 se crean el Instituto Nacional de Ecología (INE), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), en 1994 la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap, hoy Semarnat) y en el 2000 la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). Así, para inicios de este siglo se había creado, tardíamente, ese andamiaje institucional con presupuestos que en promedio no alcanzan el 1.0% del Producto Interno Bruto del país, del cual alrededor de la mitad se asigna a la Comisión Nacional del Agua.
Tal parece que en la visión gubernamental la identificación de México como país megadiverso pasa inadvertido, algo que no parece vaya a cambiar, al menos en el corto plazo, ya que se observan algunas políticas públicas regresivas. Tal es el caso que observamos en este momento con la Conabio, a la cual se pretende desaparecer, ignorando la aportación que este organismo público ha hecho en el conocimiento y uso de la biodiversidad en el territorio nacional.
Dentro de los compromisos internacionales que México ha adquirido a partir de la firma del Convenio sobre Diversidad Biológica, está la elaboración del Estudio de País, que contiene la descripción de la variedad de especies, su importancia para la economía nacional, los factores que la amenazan y los instrumentos de política pública para su conservación y manejo, así como la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México, que contiene los objetivos y acciones para conservar y hacer un uso sustentable de la diversidad biológica. Conabio ha desempeñado un papel clave en su alianza con las entidades federativas para la elaboración de sus Estudios Estado de la biodiversidad, aglutinando e involucrando a la comunidad científica en este quehacer, así como a los ciudadanos que participan a través de la identificación de especies en sus lugares de residencia.
A partir del 2018 el gobierno federal ha emprendido una transformación en el andamiaje institucional, incluyendo el señalado anteriormente, bajo el argumento de que se contribuyó en la implementación de políticas neoliberales en perjuicio del país. Sin embargo, no se puede tasar con la misma regla todo lo existente, como sucede con la pretensión de desaparecer la Conabio, más aún cuando este gobierno mantuvo intocable la legislación y solo realizó algunas acciones tangenciales en materia hídrica, una de las áreas donde se debió revertir la mercantilización de la naturaleza. Recordemos que la comunidad científica y organismos civiles se opusieron a las reformas que pretendieron realizar los gobiernos anteriores de modificar la legislación que protege la biodiversidad, facilitando la mercantilización de la fauna y flora silvestre del país.
Es importante que nuestros gobernantes cambien la visión mercantil de la naturaleza, que se revierta la legislación y las políticas públicas neoliberales implantadas durante las últimas tres décadas, pero también es necesario que se mantenga lo que ha funcionado bien, como sucede con la Conabio, es mucho lo que ha aportado como para no visualizarlo o verlo con tamiz sesgado. Desaparecer será un error político de la actual administración federal, algo que tendrá que atender el nuevo gobierno, otro pasivo que le heredan.
