(EL SIGLO DE TORREÓN)
El Congreso del Estado de Durango tardó mucho más que el Congreso de la Unión en resolver Ley del Registro de Deudores Alimentarios.
Fue apenas el pasado 15 de febrero de este 2024 que la Comisión de Justicia del Estado de Durango resolvió la petición realizada dos años antes por los diputados priístas de Durango, en marzo del 2022.
La resolución de este mes de febrero desestimó la iniciativa presentada en el 2022 pues fue el 08 de mayo del año pasado, 2023, cuando fue publicado el Decreto del Congreso de la Unión por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de pensiones alimenticias y el consecuente Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.
La Comisión de Justicia del Congreso del Estado informó que, dados los términos, y autoridades a quienes faculta la iniciativa citada, la misma quedó rebasada por reformas nacionales que impactan en la legislación estatal.
La tardanza de la Comisión de Justicia se realiza en un marco en el que la misma confirmó que el 80% de los casos en el Tribunal Superior de Justicia del Estado son respecto de pensiones alimenticias, atendiendo cada uno de los juzgados en materia familiar más de 2 mil casos al año.
Respecto a la iniciativa federal, se estableció que el Sistema Nacional DIF tendrá a su cargo la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias y contará con un plazo de trescientos días hábiles para su implementación, los cuales se cumplen el 2 de marzo de 2024, de acuerdo con una investigación de la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez (IBD).
No obstante, para la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, la implementación del Registro Nacional, a partir de la entrada en Vigor del decreto sería el 09 de mayo de 2023, lo que significa que el Registro deberá estar operando aproximadamente en el mes junio del presente año.
Del mismo modo, el decreto establece en un Transitorio Tercero, un plazo no mayor a los 120 días hábiles a partir de la creación del Registro Nacional, a los Congresos Locales y los Tribunales Superiores de Justicia de las Entidades Federativas y de la Ciudad de México, para armonizar el marco normativo correspondiente, en armonía con los lineamientos que establezca el Sistema Nacional DIF, conforme a lo establecido en el decreto.
EL DICTAMEN ESTATAL
El dictamen presentado por la Comisión de Justicia, del Congreso del Estado de Durango, por el cual se desestimó la iniciativa presentada hace casi dos años, el 3 de Marzo del 2022, por la que se crea la Ley del Registro Estatal de Deudores Alimentarios.
La Comisión de Justicia que desestimó la iniciativa de los diputados priístas es presidida por la diputada, Patricia Jiménez Delgado, y forman parte de la misma los diputados, Ricardo Pacheco Rodríguez (secretario), Marisol Carrillo Quiroga, Francisco Botello Castro, Gerardo Galaviz Martínez y Mario Delgado Mendoza.
La iniciativa estatal para crear la Ley del Registro Estatal de Deudores Alimentarios había sido enviada por los diputados Alicia Gamboa, Ricardo López Pescador, Ricardo Pacheco, Gabriela Hernández López, Susy Torrecillas, Sandra Reyes Rodríguez, Luis Enrique Benítez Ojeda y Sughey Torres, todos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con el fin de crear la Ley del Registro Estatal de Deudores Alimentarios.
La propuesta estatal establecía que sería la Secretaría General de Gobierno a través de la Dirección General del Registro Civil, quien realizaría todas aquellas inscripciones que le sean solicitadas por el órgano jurisdiccional competente.
Los integrantes de la Comisión de Justicia admitieron en la resolución publicada el pasado 15 de febrero que existía la "imperante necesidad de atacar este problema social, referente a aquellas personas que no cumplen con sus obligaciones alimentarias".
Lo anterior porque esta situación pone en alarmante estado de vulnerabilidad a miles de niñas, niños y adolescentes que no reciben una pensión alimenticia para satisfacer sus necesidades básicas, así pues, los datos reflejan esta lamentable situación, ya que el 80 % de los casos en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, son respecto de pensiones alimenticias, atendiendo cada uno de los juzgados en materia familiar más de 2 mil casos al año, lo que refleja evidentemente una situación de atenderse.
Desde 2022 los diputados locales del PRI presentaron la propuesta de creación de un Registro Estatal de Deudores Alimentarios, situación que la Comisión de Justicia admitió reconocer.
"La iniciativa se presentó previo a la entrada en vigor de la legislación federal en esta materia "por tal motivo esta Comisión estima que la intención de la iniciativa se cumple con la entrada en vigor del decreto que crea el Registro Nacional de Deudores", informó la Comisión de Justicia.
La Comisión de Justicia del Estado estimó como necesario, señalar que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, refiere la probable existencia de Registros Estatales análogos, "que una vez agotados los términos y definiéndose los lineamientos bajo los cuales las entidades debamos guiarnos, de ordenarse su creación, resultará aplaudible la intención de la presente iniciativa en estudio", aseguró en el dictamen.
También informó la Comisión de Justicia del Estado que la iniciativa en estudio (casi dos años después) no se homologa con las disposiciones básicas del decreto del Congreso de la Unión "por no dar la responsabilidad a las autoridades competentes ni ajustarse a los plazos que tanto la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, así como el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares establecen para tal efecto".
