La semana pasada comentamos que privatizar el servicio de agua urbana de Torreón implica considerar algunos aspectos, desde de las fuentes de extracción, la distribución que suministre a las viviendas y negocios, la descarga de las aguas residuales en las redes de drenaje, el saneamiento y reúso de estas y/o aprovechamiento de las aguas pluviales.
Otro aspecto a considerar es el suministro de agua a las viviendas y negocios a través de las redes de distribución que enfrentan un serio problema de deterioro, particularmente en las áreas urbanas donde no se reemplazaron o modernizaron, en gran parte por atender los nuevos desarrollos inmobiliarios que van surgiendo en una ciudad que se caracterizó por una expansión urbana desordenada.
Torreón, al igual que la mayoría de las otras ciudades de la región y el país, presenta ineficiencia física en las redes hídricas urbanas en las que, en promedio, solo la mitad de los volúmenes que se extraen de sus fuentes de abasto llegan a las tomas domiciliarias. En los gobernantes locales no se ha puesto la debida atención por regular ese crecimiento desordenado de la mancha urbana (el cual responde más a los intereses de las empresas privadas que promueven los nuevos desarrollos inmobiliarios, que a una planeación ordenada), o sobre la necesaria de modernizar las redes de distribución de agua de las zonas mas antiguas de la ciudad. Por ello la presencia de fugas y derrames al recibir volúmenes mayores a los habituales provenientes de la nueva potabilizadora.
¿Quién va asumir el costo financiero de rehabilitar y modernizar estas redes deterioradas? Desde luego que no lo harán las empresas privadas interesadas en administrar el servicio de agua urbana, ya que solo en Torreón esto implica una millonaria inversión que el municipio no podrá cubrir en corto plazo y tampoco hay que esperar que los fondos federales contemplados en el programa Agua Saludable sean suficientes para modernizar los cientos de kilómetros que deban reemplazarse. Es una inversión a largo plazo que solo se puede asumir desde el erario público, y tampoco sería congruente que el gobierno municipal lo atienda y una vez resuelto privatice el SIMAS.
Por el estilo se encuentran las redes de drenaje domiciliario e industrial. En el primer caso también son cientos de kilómetros que deben reemplazarse a un alto costo y en un período largo de tiempo, aunado a que debe reconfigurarse la infraestructura para el saneamiento de las aguas residuales que descargan los domicilios, con un concepto más funcional de plantas de tratamiento zonificadas y no de la mega planta que se esta contemplando y, aunado a esto, debe resolverse el litigio que se arrastra con una empresa privada con la planta de tratamiento que no funcionó. Ninguna empresa privada aceptará administrar el servicio de agua urbana con estos pasivos de por medio, tampoco sería congruente que desde el erario público se resuelvan para terminar privatizándose.
Paralelamente debe atenderse el problema de las inundaciones, el cual erróneamente se pretende resolver con mega infraestructura de drenaje. Ahora más que nunca, los gobernantes locales deben apoyarse en las voces que opinan de manera diferente en la atención de problemas como este, es posible que gran parte de ellos pueda resolverse con infraestructura verde que no solo captaría importantes volúmenes precipitados, evitaría contraer deuda publica para la construcción de esa mega obra y mejoraría los valores escénicos de una ciudad que requerirá de una mayor cobertura vegetal que mitigue los impactos del cambio climático, que se expresarán en un aumento en la temperatura, mayormente acentuada en la mancha urbana.
Los especialistas en urbanismo que proponen nuevas opciones acordes con los estándares internacionales y basándose en experiencias exitosas de ciudades que presentan condiciones similares a Torreón, han alzado la voz para replantear los conceptos y la visión vigentes, para promover cambios en el desarrollo de la ciudad, pensando en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que la habitamos. Los gobernantes locales deberían ser más abiertos en escucharlos, contemplan como prioridad el interés ciudadano y no solo el privado de las empresas inmobiliarias
Con ellos compartimos la idea de que esto no será posible si no se resuelve el problema de gestión del agua urbana, si no se aspira a establecer un modelo integral que aproveche mejor los volúmenes disponibles provenientes de fuentes de extracción vulnerables, que se mejore la eficiencia en la distribución del agua potable y la captación y el adecuado reúso de las aguas residuales domésticas e industriales, y el aprovechamiento de las aguas pluviales.
Antes de pensar en privatizar el SIMAS, los gobernantes locales, actuales y futuros, deben replantearse la visión del desarrollo urbano apoyándose en nuevos conceptos acordes con los estándares internacionales. Privatizar SIMAS implica la confesión de partes, reconocer que no se tuvo la capacidad y/o voluntad política de prestar un servicio público a los ciudadanos, funcional y eficiente. Por ello, la expresión del representante empresarial debe verse como una ocurrencia circunstancial, y no como una opción viable.
