"Nada tienes que temer, la Constitución te ampara, la justicia te defiende, la policía te guarda, el sindicato te apoya, el sistema te respalda".
Joan Manuel Serrat
Una constitución es, a fin de cuentas, un documento escrito por personas que debe expresar los acuerdos fundamentales de una sociedad. Hay buenas y malas, por supuesto. La mejor que tuvimos los mexicanos fue la liberal de 1857; la de 1917 empezó el deterioro, al pasar de la expresión de garantías individuales a la limitación de los derechos y a las promesas políticas. Con el paso del tiempo se le hicieron reformas positivas, como el reconocimiento del derecho de las mujeres a votar, en el artículo 34, pero otras muchas fueron negativas. En los últimos años ha dejado de ser una carta de principios fundamentales para convertirse en un depósito al que se arrojan toda suerte de proyectos políticos y ocurrencias.
"Una constitución debe contener los principios básicos de la organización del poder público y el catálogo de derechos fundamentales de todas las personas que habitan en el territorio de un país", escribió Miguel Carbonell en 2014 en "La constitución hipertrofiada". Todo lo demás, lo perecedero, las promesas electorales, debe quedar en leyes secundarias. En cada legislatura, "se presentan más de mil iniciativas de reforma constitucional" por legisladores que quieren dejar una huella en la historia. "Dicha postura no solamente es ingenua, sino también bastante perversa, ya que a ella le debemos el resultado de tener una de las constituciones más reformadas y también una de las más detallistas y prolijas".
La Constitución de 1917 nació compleja y extensa, con 136 artículos y 70 mil palabras. La de Estados Unidos, de 1797, tenía solo siete artículos y 4,379 palabras. La de España, de 1978, 169 artículos y 17,376 palabras. En febrero de 2024 nuestra Constitución había tenido 769 reformas en 255 decretos, según Francisco Burgoa, a las que hay que añadir ahora la avalancha que el expresidente López Obrador lanzó el 5 de febrero y que su sucesora Claudia Sheinbaum busca promulgar. La constitución de Estados Unidos, en cambio, ha tenido 27 enmiendas, y la de España, tres.
Las enmiendas desde 2018 han cambiado de manera fundamental nuestro régimen constitucional. Podemos decir que la Constitución de 1917 ya ha fallecido y que tenemos una nueva elaborada fundamentalmente por López Obrador. No es mejor que la de 1917 y mucho menos que la de 1857. Hemos perdido, entre otras cosas, la independencia judicial, a pesar de que el artículo 49 todavía reconoce la división de poderes. La mal llamada ley de supremacía constitucional, a punto de promulgarse, no hace más que despojar a los mexicanos del derecho a impugnar cualquier enmienda que al gobierno se le antoje meter en la carta magna.
Nuestra inestabilidad constitucional ha generado siempre incertidumbre, pero la abolición del derecho a impugnar las enmiendas que se promulguen hoy y en el futuro la aumentará de manera significativa. Si la presidenta Sheinbaum decide mañana abolir la propiedad privada o dar a la Guardia Nacional la facultad de torturar a los detenidos, podrá hacerlo sin temor a que un defensor de las garantías individuales promueva un amparo o una controversia. La mandataria se está dando facultades de dictadora.
La constitución, sin embargo, debe ser un instrumento para que el pueblo limite al gobierno y no para que el gobierno limite al pueblo. Convertirla en un catálogo de buenas intenciones, de políticas públicas mal diseñadas y de restricciones a la oposición, no nos llevará a tener una mejor democracia, sino que nos convertirá en un régimen autoritario. En lugar de ser expresión de la voluntad de toda la sociedad, se está transformando en instrumento de poder de una sola organización política.
IDEOLÓGICAS
El gobierno de México no ha expresado condolencias a España por las muertes de las inundaciones en Valencia, pero sí ha mandado petróleo a Cuba por los apagones. La política exterior mexicana ha dejado de ser neutra; se inclina ahora por razones ideológicas.
