FOTO: EFE/ Mario Guzmán ARCHIVO
Durante el fin de semana circuló en redes sociales una supuesta carta de Andrés Manuel López Obrador en la que se abordaba la posible renuncia de Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República por motivos de salud.
Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum, ha desmentido este rumor y asegurado que el fiscal continuará en su puesto hasta en 2028 que se termine su mandato, la polémica ausencia de Gertz Manero se suma a la lista de las controversias que lo rodean.
Muerte de Martha Érika Alonso, gobernadora de Puebla, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle
El 24 de diciembre de 2018, la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso y su esposo, Rafael Moreno Valle quien se desempeñaba como senador, abordaron un helicóptero que se desplomó a los diez minutos de despegar.
Pese a que legisladores panistas, partido al que pertenecían Martha Érika Alonso y Rafael Moreno Valle, señalaron que el helicóptero estaba en “excelentes condiciones”, el fiscal general de la República informó sobre la apertura de la carpeta de investigación para determinar las causas del desplome.
Para ello, Alejandro Gertz Manero, confirmó que las diligencias se llevaban a cabo entre la Fiscalía General de Puebla y personal de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, incluso se solicitó la ayuda de un grupo de especialistas canadienses.
Así, en 2019 la Fiscalía General de Puebla dio a conocer que la muerte de los políticos no se trató de un ataque sino que fue por el mal funcionamiento de la aeronave y un mal mantenimiento por parte de la empresa operadora.
Eliminar el delito de feminicidio (2020)
Durante 2020, el fiscal general de la República propuso a los legisladores de Morena reformar el delito de feminicidio mediante la creación de un código penal único para todo el país.
El fiscal consideró que, para mejorar la procuración de justicia, sería más adecuado mantener el delito de homicidio en la legislación y añadir una agravante que incluya los elementos del feminicidio.
Sin embargo, como su propuesta se presentó en una reunión cerrada, las diputadas de Morena manifestaron públicamente su rechazo, lo que desató una controversia que se prolongó por semanas.
A la que se sumaron legisladoras de distintos partidos, así como miembros de la clase política y de la sociedad civil, señalando que la tipificación del feminicidio era un logro conseguido tras años de lucha y que la propuesta del fiscal representaba un retroceso en los derechos de las mujeres.
Caso Alejandra Cuevas
En octubre de 2020, Alejandra Cuevas Morán fue arrestada en el penal de Santa Martha Acatitla, acusada de homicidio por omisión en relación con Federico Gertz Manero, hermano del fiscal Alejandro Gertz Manero.
Alejandra es hija de Laura Morán, quien actualmente tiene 94 años y fue pareja de Federico Gertz durante 50 años, hasta su fallecimiento a los 82, debido a una enfermedad.
En 2015, Federico vivía solo con Laura, que entonces tenía 88 años, y con el personal que cuidaba de ellos. Laura contrató cuidadores para atender a Federico, ya que no podía hacerlo sola.
Posteriormente, Federico sufrió una caída que deterioró su salud. Laura informó a Alejandro Gertz, quien acudió a ver a su hermano y proporcionó médicos especialistas para su monitoreo, incluyendo a uno que el fiscal consideraba “el mejor geriatra de México”. Federico falleció un mes después en el hospital ABC Observatorio debido a su deterioro.
Alejandro Gertz Manero demandó a Laura y a sus hijas, Laura y Alejandra Cuevas, por homicidio por omisión, alegando que no cuidaron adecuadamente de Federico. Sin embargo, las hijas de Laura no vivían con ellos y no formaban parte del cuidado diario.
La denuncia fue archivada en dos ocasiones por falta de pruebas que implicaran a las mujeres en la muerte de Federico. Sin embargo, tras la designación de Alejandro Gertz como titular de la Fiscalía General de la República, el caso tomó un giro significativo y la demanda fue reabierta.
El 21 de septiembre, Alfonso Jiménez O’Farrill, abogado de Laura y sus hijas, renunció al caso, alegando amenazas contra él y su familia. El 25 de septiembre se inició la acción penal y el 2 de octubre se emitió una orden de aprehensión contra Laura Morán y Alejandra Cuevas.
Alejandra Cuevas estuvo en prisión en Santa Martha Acatitla hasta 2022, acusada de “homicidio doloso de concubino por omisión de auxilio”, lo que implica que se le culpa de no haber asistido a Federico mientras su salud se deterioraba.
Ley de la Fiscalía General de la República.
El fiscal presentó en 2021 una propuesta que generó controversia y estuvo en discusión durante meses para reformar la Fiscalía General de la República, que el Senado aprobó en la Ley de la Fiscalía General de la República.
Esta ley establece que la FGR se retirará del Sistema Nacional de Búsqueda, un cambio que provocó un fuerte rechazo por parte de colectivos y organizaciones de derechos humanos, incluida la Comisión Nacional de Búsqueda, liderada por Karla Quintana.
Con la aprobación de esta ley, la FGR dejó de formar parte del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como de la Comisión Intersecretarial para el Combate a la Trata de Personas y el Programa para Prevenir y Sancionar la Tortura, entre otros mecanismos de coordinación.
El 20 de mayo de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley de la Fiscalía General de la República, que entró en vigor de inmediato.
Gertz Manero contra los científicos del Conacyt
En 2010, Alejandro Gertz Manero solicitó por primera vez su ingreso al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), pero su petición fue rechazada por el Conacyt debido a que consideró que su producción científica era "insuficiente".
Sin embargo, 11 años después, ya bajo la dirección de María Elena Álvarez-Buylla, Gertz Manero fue aceptado en el SNI con nivel III. Este ingreso se realizó sin que Gertz hubiera pasado por los niveles de Candidato I y II, como es habitual para otros investigadores.
Ya en 2019, Álvarez-Buylla presentó una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF), argumentando que el presupuesto asignado al Foro Consultivo del Conacyt durante la administración de Enrique Peña Nieto excedió lo necesario, ya que se utilizó para financiar una amplia plantilla de personal administrativo e investigador, además de gastos en telefonía celular, viáticos, seguridad privada, gestión de redes sociales, y otros.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a 31 investigadores de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, lavado de dinero y delincuencia organizada, solicitando su encarcelamiento en el penal de máxima seguridad de El Altiplano.
