ÁTICO
Las reformas han llevado a un nuevo régimen político con más diferencias que las vistas entre la Constitución de 1857 y la de 1917.
"Misión cumplida", podrá decirle Morena a AMLO. Sacó 15 de sus 18 reformas constitucionales propuestas el pasado 5 de febrero. Le agregaron una que no se le había ocurrido entonces: la denominada Supremacía Constitucional. Se trata en realidad de lo opuesto: reafirmar la supremacía de la mayoría legislativa sobre la Constitución.
Si el cambio de gobierno hubiera sido como antes, el 1 de diciembre, el bimestre legislativo habría sido casi igual. AMLO logró sus reformas en los dos meses posteriores a su salida sin hacer ninguna declaración pública. Eso es poder.
Los diputados remataron el martes con una de las más absurdas. La prohibición constitucional de producir, distribuir y adquirir vapeadores y cigarrillos electrónicos. Esto en el párrafo en que se prohíbe lo mismo para el fentanilo. Abrirá el espacio a nuevas actividades criminales. Aún no pasa el Senado.
El objetivo de las reformas ha sido centralizar el poder. Desde la destrucción de un Poder Judicial fundamentado en el mérito y la autonomía a uno electo y que será controlado por un Tribunal de Disciplina Judicial, hasta empresas estatales que se impondrán sin enfrentar restricciones sobre las privadas.
Los recientes cambios constitucionales han llevado a un nuevo régimen político con diferencias más profundas que las observadas entre la Constitución de 1857 y la de 1917. Esta última, fruto de una revolución, incorporaba las demandas de tierra de los campesinos y de derechos laborales del movimiento obrero, pero la estructura de gobierno no cambió tanto respecto a la del régimen de Porfirio Díaz. Por ejemplo, el amparo se mantuvo vigente. Fue utilizado por muchos hacendados para recuperar sus tierras.
¿Quién se va a quedar con esta enorme concentración de poder? Jurídicamente no hay duda: la titular del Ejecutivo. Sin embargo, entre menos institucionalizado esté un gobierno y más discrecionalidad y falta de contrapesos tenga un funcionario, más tiende a dispersarse el poder entre quienes controlan posiciones clave en la distribución de privilegios o castigos.
En este nuevo régimen, los funcionarios del SAT, por ejemplo, tienen más poder que antes. El contribuyente sabe que los recursos jurídicos con los que cuenta para defenderse de un acto arbitrario de la autoridad se han erosionado. ¿Usarán los funcionarios ese poder para recaudar de forma legal? ¿Para presionar al causante para pagar un crédito fiscal arbitrario? ¿Para extorsionarlo? ¿Cómo lo sabrá Sheinbaum?
La mayor destrucción institucional es la del Poder Judicial. Lo advirtieron todos los expertos: el proceso de elección de personas juzgadoras iba a terminar siendo capturado por quienes tienen poder en las instancias cruciales. Lo veremos en la selección de quienes supuestamente cumplen con los requisitos para el cargo y más todavía en el manoseo que vendrá durante el proceso electoral. ¿Quién tendrá más juzgadores leales, el líder del Senado o la Presidenta? Quien se postule como juez federal penal en Sinaloa, ¿le tendrá más respeto al jefe criminal local o al presidente de la Corte? En los asuntos de su interés, el Ejecutivo probablemente ganará todos los casos, pero en muchos otros habrá un "dueño" del juzgado con quien se resolverá el asunto.
Esta concentración de poder en el Ejecutivo se da en un contexto de gran expansión del crimen organizado, reflejo de un debilitamiento del Estado en su función central: el monopolio de la violencia legítima. Hoy, el ciudadano tiene menos derechos frente al poder del Estado y menos seguridad frente al criminal.
¿Acaso servirá esta concentración para darle al ciudadano una mayor seguridad? Empezar a desarticular las redes criminales que penetran tantos gobiernos locales, estatales y, supongo, algunas burocracias federales, es un reto enorme para el secretario García Harfuch. Pero su jefa debe cuidar no hacer evidente que terminaron los abrazos por haber sido un rotundo fracaso.
