El poder judicial se acomoda velozmente al nuevo régimen. El sometimiento de los jueces cuenta ya con todos los instrumentos indispensables. El horizonte de los juzgadores ha cambiado. No tenemos que esperar a que lleguen los diputados judiciales tras la elección del 25. Desde ahora es claro que el aliciente de quienes quieren conservar sus puestos o de quienes buscan trepar al cargo superior es congraciarse con los patrocinadores de las candidaturas judiciales. Hay que quedar bien con quienes forman sus bancadas. Quienes están formando las listas para la elección judicial miden la lealtad de los ambiciosos. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar para mostrarse como soldados del nuevo régimen? Quien se atreva a distanciarse del oficialismo, perderá el favor de los promotores.
Los lectores recordarán bien el aparato de favores e intimidaciones que el anterior presidente de la Corte montó para que los jueces se plegaran al dictado de López Obrador. Recordarán las detalladas denuncias que un grupo de jueces y las pruebas que se presentaron ante el Consejo de la Judicatura para demostrar esa red de extorsión que buscaba la entrega del poder judicial. Seguramente conserva en la memoria los audios que demuestran las presiones que el empleado del ejecutivo ejerció sobre jueces cuando éstos abordaban asuntos vitales para el gobierno. Es importante recordar que, a la entonces candidata, Claudia Sheinbaum, no le interesó conocer el fundamento de las acusaciones. La doctora no mostró el menos interés en la verdad. Lo que le importaba era cerrar cuanto antes la investigación que cuestionaba a uno de los suyos. "Generar estas investigaciones no ayuda a México", dijo, como si al país le lastimara la verdad.
Los reflejos de la científica menos interesada en la verdad que conozco eran reveladores. El encubrimiento era, para la doctora Sheinbaum, una causa patriótica. Lejos de exigir que las investigaciones tocaran el fondo y ofrecieran claridad a la opinión pública, denunció la apertura del proceso. Dejó en claro que, para ella, afectar a su grupo era lastimar al país. Si la investigación en contra del juez que abandonó la Suprema Corte para treparse a su campaña era un golpe a la nación, lo que resultaba urgente era cerrarla cuanto antes. Eso pedía implícitamente la candidata. Se sentirá satisfecha ahora que se ha cerrado el expediente. El encubrimiento tiene ya sanción judicial. Hace unos días, el Consejo de la Judicatura, donde ya ejerce su mayoría el régimen, ordenó la clausura inmediata de la investigación.
También se ha pronunciado el poder judicial por el encubrimiento de la ministra Yasmín Esquivel, acusada con pruebas que parecen irrebatibles, de haber plagiado, no una sino dos tesis de grado. Ese fue el sentido de la sentencia del tribunal administrativo que se pronunció sobre el escándalo. No juzgó la autoría de la tesis, sino que ordenó a la Universidad Nacional suspender el procedimiento interno y archivar las conclusiones del comité de ética que se formó para analizar el asunto. Miente grotescamente la mujer que aspira a presidir la nueva Corte cuando dice que la sentencia reconoce que ella escribió su tesis y que cumplió con las normas académicas. Nada de eso: el tribunal ordena silencio a la universidad. Calla lo que sabes, tapa lo que descubriste. Tiene toda la razón la UNAM cuando denuncia que la sentencia es una intromisión inadmisible en asuntos académicos que, por su propia naturaleza, corresponden en exclusiva a la universidad.
Un reportaje de Animal político sobre este caso exhibe el funcionamiento de las nuevas redes de protección política que operan dentro del poder judicial. La misma mayoría oficialista que controla el Consejo de la Judicatura removió a quien podría haber sido un obstáculo para el encubrimiento de Esquivel. Como sustituto, se nombró de último minuto a un magistrado cercano a la propia Esquivel que se ha inscrito como precandidato a juez en las listas del poder ejecutivo. La red de complicidades de la ministra Esquivel ha dado a su encubrimiento sello de sentencia judicial.
La sumisión del poder judicial se ha vuelto estructural. Las nuevas reglas ordenan subordinación de los jueces a la coalición gobernante. Así se estrena el vasallaje: como resolución de ocultamiento.
