La situación ha empeorado con los abusos reportados por los pobladores, quienes aseguran que los militares no solo están instalados de manera ilegal, sino que también se han apropiado de bienes ajenos, como parte del accionar de estos retenes. (AGENCIA)
Ganaderos, rancheros y choferes de tráileres denunciaron la instalación de cuatro retenes militares en diversas áreas de esta frontera, los cuales, violan los derechos constitucionales de los ciudadanos al impedir su libre tránsito y realizar acciones sin el debido proceso legal. La denuncia fue expuesta durante una reunión con la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas, a quien los afectados solicitaron su intervención ante la situación.
Según los testimonios recabados, los retenes se ubican en puntos estratégicos de las carreteras y brechas de la región, lo que está generando grandes inconvenientes a los habitantes y afectando las actividades económicas locales. La situación ha empeorado con los abusos reportados por los pobladores, quienes aseguran que los militares no solo están instalados de manera ilegal, sino que también se han apropiado de bienes ajenos, como parte del accionar de estos retenes. Integrantes de la Canacar, ANGADI, y transportistas han denunciado los antinconstucionales retenes, señalando que vulneran la integridad de los trasportistas, choferes, ganaderos, turistas cinegéticos y rancheros, que son sometidos a revisiones ilegales al entrar o salir de la ciudad o de los ranchos, principalmente los cinegéticos, legalmente establecidos en esta frontera.
Ante la Fiscalía General de la Republica se han interpuesto 15 denuncias en contra de los militares por parte de transportistas, choferes de tráileres y ganaderos, que han sido víctimas de robos, maltrato y abuso de autoridad por parte del personal militar.
Contra los retenes militares
Uno de los retenes denunciados está situado en el kilómetro 26 de la carretera nacional, lugar donde al percatarse de la presencia de reporteros que acudieron a documentar la denuncia de los ciudadanos, los militares huyeron rápidamente, dejando atrás pruebas de las irregularidades. En esa misma área, además del retén, se reportó la apropiación de una parte del terreno, lo cual ha generado inquietud entre los propietarios de los ranchos.
Otro de los retenes se encuentra en la entrada a las brechas Mex II y Los Cristales, en este se trata de personal militar asignado a Saltillo, Coahuila, mientras que el tercero se sitúa a unos 10 kilómetros dentro de la brecha Los Cristales, donde los militares han ido más allá al romper cercas de propiedad privada y establecer un campamento dentro de un rancho cinegético, una acción que contraviene las normativas de propiedad y el respeto a los derechos de los dueños.
Los denunciantes citan que estos actos violan varios artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre ellos el Artículo 11, que garantiza la libertad de tránsito dentro del país, y el Artículo 16, que protege contra intervenciones arbitrarias en la persona y la propiedad de los ciudadanos. De igual forma, se señala que los retenes son realizados sin la debida autorización judicial y sin que exista una causa legal justificada, lo que contraviene los principios de presunción de inocencia y debido proceso contemplados en la carta magna.
Durante la reunión con la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas, los ganaderos y otros afectados expresaron su frustración por la falta de una respuesta clara y efectiva de las autoridades federales ante estas situaciones. La alcaldesa se comprometió a elevar las denuncias a las instancias correspondientes, tanto estatales como federales, con el fin de garantizar que se respeten los derechos de los ciudadanos y se reviertan las acciones ilegales de los militares.
La situación ha generado un creciente malestar en la población local, que exige el respeto a la ley y a los derechos fundamentales, ante lo que consideran una violación flagrante de las libertades constitucionales. Los afectados esperan que las autoridades tomen medidas rápidas y eficaces para poner fin a estos retenes, que consideran innecesarios y violatorios de sus derechos.
