El pasado 13 de mayo acampó en la explanada central de El Colegio de México (Colmex) el colectivo de "Estudiantes contra el genocidio en Palestina (EGP) - Colmex". El campamento en esta institución pública duró 23 días y participaron en él 30 estudiantes, el 17% de los casi 500 que tiene la institución. Una parte de la comunidad los respaldó, otra los rechazó, pero todos respetamos su derecho a expresarse sobre un tema que divide al mundo.
Se debatieron sus cinco demandas, entre ellas la de terminar "el convenio académico con la Universidad Hebrea de Jerusalén", un tema sensible porque afecta la delicada fibra de la libertad académica. Para procesar las diferencias se creó una comisión integrada por dos estudiantes (uno del EGP y otro elegido por la población estudiantil) y dos profesores nombrados por la presidencia.
La comisión sesionó en seis ocasiones y vació sus conclusiones en un texto de 14 cuartillas que termina recomendando "la suspensión o cancelación" del acuerdo porque, fundamentaron, dicha universidad ha participado en la violación de los derechos del pueblo palestino. El jueves 7 de noviembre la presidencia anunció la suspensión del "convenio de manera indefinida".
La resolución continuará siendo debatida. Un egresado del Colmex, al que respeto profundamente, me mandó un escrito señalando las debilidades de un dictamen que calificó de "superficial y sesgado". Reconocía, eso sí, la validez del procedimiento que se basaba en la investigación del tema y en la escucha de las partes involucradas. La autoridad ejerció su derecho a aceptar o rechazar la recomendación.
Todo eso sucedía mientras una parte del país discutía la desaparición del INAI, un organismo público creado por el Congreso en diciembre de 2002 con el voto unánime de todos los partidos. El gobierno de la 4T justifica la desaparición de dicho organismo invocando la austeridad, pero no respeta el derecho de los afectados a ser consultados. Quienes investigamos temas sensibles tenemos un interés legítimo porque nos enfrentamos al gremio de los gobernantes opacos. En ese forcejeo el INAI ha sido una bendición.
Un tema particularmente delicado es la relación entre la manera como el Estado reprimió durante la Guerra Sucia y el simultáneo fortalecimiento del crimen organizado. Llevo 20 años siguiendo la pista de un General de División que durante el combate a la insurgencia fue comandante de una importante Zona Militar. Encontré documentos oficiales donde se asegura que el general contrató a un grupo de asesinos para proteger a narcotraficantes a cambio de dinero y mercancía. Para verificar si la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) estuvo enterada, un colaborador, Anuar I. Ortega, pidió el expediente a la Sedena que puso diferentes pretextos para no entregar los legajos.
En diciembre de 2020 el pleno del INAI emitió un fallo ordenando a la Sedena entregar las 2,500 fojas del expediente con los datos personales borrados. Los militares obedecieron, para recaer poco después en la opacidad. A los cuatro años otro académico solicitó el mismo expediente. La Sedena le respondió que después de "una exhaustiva búsqueda" no lo localizaban. Me reservo el nombre del general porque la investigación está inconclusa. En suma, el INAI ha sido determinante en la obtención de información que ocultan los gobernantes con cola incriminatoria.
Desaparecer al INAI es un error. El gobierno de la 4T asegura que la Secretaría de la Función Pública (SFP) o su sucesora atenderá nuestras peticiones. La evidencia los desmiente. En los últimos sexenios, dos titulares de la SFP demostraron que en casos de gran relevancia están dispuestos a obedecer decisiones presidenciales que prolongan el pacto de impunidad. Virgilio Andrade, por ejemplo, exoneró a su jefe Enrique Peña Nieto de cualquier responsabilidad en la famosa Casa Blanca y Irma Eréndira Sandoval hizo lo mismo con el escándalo de las fortunas de Manuel Bartlett, un protegido de Andrés Manuel López Obrador.
Vivimos una época turbulenta en la cual están redefiniéndose las reglas que regulan prácticas establecidas. Algunas instituciones públicas respetan los derechos de las minorías, otras someten la transparencia a la voluntad del gobernante con lo cual nos regresan a la nefasta etapa de las filtraciones interesadas.
La autonomía del INAI debe respetarse.
