El presidente Municipal de San Francisco del Oro, Chihuahua, identificado como Arturo Huerta Luevano. (ARCHIVO)
El presidente Municipal de San Francisco del Oro, Chihuahua, identificado como Arturo Huerta Luevano, fue detenido por elementos de la Fiscalía Anticorrupción.
Lo anterior, luego de que la fiscalía ejecutara una orden de aprehensión en contra del acusado por los delitos de uso ilegal de facultades y atribuciones, así como peculado con penalidad agravada, misma que fue otorgada por un Juez de Control del Distrito Judicial Hidalgo.
De manera oficial, la Fiscalía Anticorrupción informó que la investigación se deriva de la denuncia presentada por la Auditoría Superior del Estado, en la cual se manifestó que, entre los días 27 de mayo del año 2022 al 04 de enero del año 2023, el detenido, adquirió deuda pública por la cantidad de 6 millones 50 mil pesos a través de la celebración de siete contratos de crédito.
Dichos contratos los habría adquirido sin sujetarse a los procedimientos legales previstos en la Ley de Deuda Pública del Estado de Chihuahua y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Es decir, no obtuvo autorización del Ayuntamiento ni del Congreso del Estado, ni registró la deuda como lo marcan las leyes vigentes.
La finalidad de esos recursos, en lugar de ser utilizados para proyectos productivos que generaran beneficios a largo plazo para la comunidad, presuntamente los habría designado a gastos corrientes, como servicios personales, materiales, suministros y servicios generales. Esto contraviene directamente la finalidad de una deuda pública, que debería estar orientada a la creación de activos y al bienestar de los habitantes del municipio, de explicó por la dependencia.
Aunado a la mala gestión de este recurso y los intereses tan altos en los que se adquirió el empréstito, provocó que el municipio se comprometiera a pagar una deuda mucho mayor, ascendiendo a 14 millones 471 mil 632 pesos.
Abelardo Valenzuela, titular de la Fiscalía Anticorrupción, refirió que la lucha contra la corrupción no es solo una prioridad, sino una obligación moral y legal.
"Continuaremos buscando justicia y llevando a los probables responsables de estos actos ante los tribunales, con la finalidad de que sean sancionados conforme a la ley, siempre con el objetivo de recuperar lo que legítimamente pertenece al pueblo de Chihuahua y sus municipios", agregó.
