(FOTO: EL SIGLO DE TORREÓN)
De cada 10 delitos que se cometen, apenas uno o dos llegan a las Fiscalías pero son mínimos los que alcanzan los Tribunales, esto debido a la falta de coordinación y colaboración eficiente entre las Fiscalías estatales y las corporaciones policiacas.
Susana Camacho Maciel, coordinadora del programa de Justicia del centro de análisis México Evalúa, destacó que no hay autonomía en las Fiscalías ni en el Poder Judicial, pues siguen atados a los mandamientos del Ejecutivo y esto complica mucho el que se puedan tener mejores resultados para la ciudadanía.
"El gobierno federal saliente nos quedó mucho a deber en materia de justicia pues a nivel nacional hubo una falta muy evidente de coordinación y colaboración, caso concreto en las fiscalías, falto mucha coordinación y un verdadero liderazgo de la Fiscalía General de la Republica para poder implementar una persecución más efectiva de los delitos más importantes y que son de los llamados de alto impacto”, advirtió la investigadora.
Ante esta situación, señaló que México vive un serio problema de extorsiones, secuestros, homicidios, feminicidios, robos violentos, diferentes tipos de delitos que no se ven resultados, dado que nunca se logra articular una estrategia para su combate.
En el marco del quinto Diálogo sobre Justicia Penal, México Evalúa presentó "Hallazgos desde lo local 2023: Coahuila". El análisis revela que en 2023 las instituciones de justicia penal de la entidad superaron los promedios nacionales de carga laboral: cada fiscal manejó 148 carpetas, cada perito 1,489 solicitudes, cada defensor público 56 casos y cada asesor jurídico 205.
Se iniciaron 59,771 carpetas de investigación. El delito con un mayor número de denuncias es el de violencia familiar, con 12,379 casos; en segundo lugar está el narcomenudeo, con 9,054, seguido de amenazas, con 7,909, y daño a la propiedad, con 7,624 denuncias.
Sin embargo, la mayoría de los delitos no son del conocimiento de las autoridades: el 91.6% de los delitos que ocurrieron en la entidad no fueron denunciados. Las razones por las que no denuncian incluyen: 35.5% considera que es una pérdida de tiempo, 14.2% no tiene pruebas y 12.5% desconfía de la autoridad.
La sobrecarga de trabajo merma el desempeño y resultados que ofrecen las instituciones de justicia penal. De esta manera, la probabilidad de que los delitos queden impunes aumenta y los derechos de las personas víctimas y acusadas no son debidamente garantizados.
"El Sistema de Justicia Penal requiere personal suficiente y capacitado para garantizar que los procesos funcionen de manera justa, eficiente y efectiva, sólo así se podrán evitar retrasos innecesarios que perjudican a las partes involucradas y generan sobrecarga al sistema judicial", dijo Mariana Campos, directora general de México Evalúa.
Se resaltó la importancia de la colaboración entre la Fiscalía de Coahuila y Red Justicia Coahuila, destacando las estrategias para mejorar la persecución penal en casos de violencia familiar, brindando atención efectiva a mujeres víctimas.
En lo que se refiere a la Fiscalía de Coahuila y del Poder Judicial, se reconocieron avances en distintos aspectos, ya que cierto tipo de delitos dejaron de tener una relevancia en la incidencia delictiva como las desapariciones forzadas, que Camacho Maciel consideró un tema superado.
“En las fiscalías se tiene una gran deuda en lo que se refiere a la investigación de los delitos, no se está articulando lo que se hace en las policías, con las investigaciones, y en los datos se podrá reflejar los pobres resultados”, expuso la investigadora.
En la mesa de diálogo se contó con la presencia de Ulises Hernández Torres, magistrado presidente de la Sala Regional del Poder Judicial del Estado de Coahuila; Gerardo Márquez Guevara, fiscal general; Federico Fernández Montañez, secretario de Seguridad Pública en el estado; Rosa María Salazar Rivera, directora de Fundación Luz y Esperanza; Karla Natividad González, presidenta de Kaena Mujeres con Valor; José Luis Valdés Rivera, investigador de la Academia Interamericana de Derechos Humanos; y Marco Antonio Zamarripa González, director del Consejo Cívico de Instituciones de la Laguna.
Dentro de las principales recomendaciones de México Evalúa para mejorar la justicia penal en Coahuila se encuentran: un diseño participativo de la política criminal 2024-2030, revisar el no ejercicio de acción penal, fortalecer la justicia alternativa, consolidar la cooperación interinstitucional y mejorar la coordinación con la sociedad civil para garantizar transparencia.
