Dictaminará la FGR sobre restos de minero de Pasta de Conchos
La Fiscalía General del Estado, solo resguarda los restos humanos del minero encontrado en Pasta de Conchos. La General de la República es la responsable de los exámenes y análisis que le practicarán para su identificación, informó Gerardo Márquez Guevara.
El Fiscal General del Estado explicó que la representación social a su cargo colabora por la dependencia federal, responsable de los trabajos.
Confirmó que la FGR realizará los estudios y que los restos del minero están en resguardo en Monclova. Dijo que desconoce la ruta de los restos, si lo llevan a México u otro lugar, pero estarán en Monclova hasta que la Fiscalía federal lo determine.
El 12 de junio pasado autoridades federales anunciaron a las viudas de Pasta de Conchos que el Instituto Nacional de Medicina Genómica realizaría los análisis de ADN para identificar los restos de los mineros.
La reunión fue encabezada por la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde Luján; el director corporativo de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), César Fuentes Estrada; y el jefe de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alejandro Salafranca Vázquez.
También anunciaron que la Comisión Nacional de Búsqueda se integraba a los trabajos y sería la encargada del rescate de los restos de los mineros. Sin embargo semanas después este organismo abandonó Pasta de Conchos.
La tragedia de la mina
La mina 8 de Pasta de Conchos, se ubicaba en el municipio de San Juan de Sabinas, en Coahuila. Alrededor de las 2 de la madrugada del 19 de febrero de 2006 se registró una explosión y derrumbe, atrapando y matando a 65 de los 73 que trabajaban en ese turno. Los restos humanos de 2 fueron rescatados de forma casi inmediata, los otros 63 quedaron a más de 100 metros de profundidad.
El complejo minero, ubicado en el ejido Santa María, es propiedad de Grupo México de Germán Larrea, el segundo hombre más rico de México. Su fortuna asciende a unos 36 mil millones de dólares.
En abril de 2007, casi 14 meses después de la tragedia, la empresa suspendió los trabajos de recuperación de los restos humanos. El argumento fue que no había condiciones de seguridad para continuar con las labores.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 26/2006 dentro de la que determinó que “servidores públicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social toleraron que la empresa funcionara en condiciones que no garantizaban íntegramente la salud y la vida de los trabajadores”.
Documentó y acredito la violación a los Derechos Humanos de los mineros en 4 vertientes: Legalidad; Seguridad jurídica; Respeto a la integridad física; y Vida.
Hasta la fecha no hay ningún ejecutivo, directivo o encargado de la mina, o funcionario de gobierno procesado o en prisión por la tragedia, atribuida a las condiciones de inseguridad con las que trabajaban los mineros.
