La tarde del 5 de febrero de 2006, Genaro García Luna, entonces director de la Agencia Federal de Seguridad, acude al programa Punto de Partida, conducido por Denise Maerker, acompañado por Jorge Rosas, el fiscal de la Unidad Antisecuestros de la Procuraduría General de la República. Minutos antes, la periodista ha difundido un reportaje de Yuli García en el que Florence Cassez denuncia haber sido detenida un día antes de que, en cadena nacional, la AFI fingiera detenerla en el rancho Las Chinitas al lado de Israel Vallarta, ambos acusados de haber secuestrado a tres personas.
Al iniciar su entrevista, Maerker le lee a García Luna el parte policial que corrobora esta versión. Contra las cuerdas, el jefe de la policía trastabilla y luego se inventa, ante las cámaras, que Cassez y Vallarta en realidad fueron detenidos ese mismo día, 9 de diciembre, pero horas antes de la transmisión de Televisa y TV Azteca. "Sus colegas de los medios nos piden mostrarles cómo fue la intervención al domicilio", afirma. "Lo que está en el video es a petición de los periodistas. Nos piden cómo fue la entrada al domicilio para poder liberar a la víctima...". En otras palabras: García Luna confiesa públicamente que la AFI orquestó una puesta en escena para satisfacer a la prensa, indiferente a los derechos tanto de las presuntas víctimas como de los presuntos victimarios. Minutos después, la propia Florence Cassez llama al estudio desde el Arraigo y confirma que ella e Israel fueron detenidos el 8 por la mañana. Conteniendo su furia, el policía se planta: una mentira para ocultar otra mentira.
Apenas diez meses después, Felipe Calderón anuncia que Genaro García Luna será su secretario de Seguridad Pública. Hoy, el expresidente intenta deslindarse de quien fuera su brazo derecho -y a quien le confirió la mayor responsabilidad de su gobierno: la fatídica guerra contra el narco- y sostiene que jamás sospechó que fuera capaz de cometer irregularidad alguna. La realidad es la contraria: Calderón sabía -como todo el país que escuchó su testimonio en Punto de Partida- que García Luna había quebrantado todas las leyes con el único objetivo de fingir que la policía federal combatía eficazmente al crimen. Tenemos que asumir que, de hecho, lo escogió precisamente por ello: su absoluta falta de escrúpulos.
Antes y después del caso Cassez-Vallarta, García Luna y el equipo que formó a su lado -con Luis Cárdenas Palomino como principal operador- se comportaron con el mismo desdén hacia el Estado de derecho: una y otra vez, fuese para inventarse la banda del Zodiaco o para capturar a distintos capos del narco, no dudaron en mentir, torturar, violar derechos humanos, manipular pruebas y testigos o desentenderse del debido proceso, siempre más atentos a satisfacer sus propios intereses -o los de su jefe- que a hacer justicia. Numerosos periodistas denunciaron sin falta sus abusos y sus posibles vínculos con los mismos criminales a los que proclamaban combatir.
La detención de García Luna, el 9 de diciembre de 2019 -justo 14 años después de la detención de Cassez y Vallarta-, acusado de recibir sobornos del Cártel de Sinaloa, no hizo sino certificar su corrupción. Podrá decirse lo que sea del sistema penal estadounidense, pero la condena a 38 años de prisión que acaba de recibir es la prueba última de que Calderón nombró a un criminal para encabezar la principal estrategia de su gobierno.
García Luna no es, sin embargo, sino el chivo expiatorio del sistema que permitió su ascenso: un sistema construido por el PRI hegemónico, sin duda, y perpetuado por el PAN, pero que el gobierno de López Obrador decidió aprovechar al máximo: ese que permite a policías, ministerios públicos, fiscalías y jueces actuar con absoluto desapego a la justicia. Un sistema que, con la absurda reforma recién aprobada, no hará sino empeorar. Mal hace el gobierno de Claudia Sheinbaum con celebrar la merecida sentencia contra García Luna si no emprende un cambio de veras radical que impida que, mientras tanto, diez, cien, mil pequeños Garcíalunas continúen saliéndose con la suya por doquier.
