Diputados del Congreso del Estado buscan evitar que desaparezcan órganos autónomos

Desde el Congreso del Estado se exhortó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados a que, en consideración del modelo de parlamento abierto que se anunció para el análisis de las Reformas presentadas por el presidente de la República, se consideren en las iniciativas que buscan la desaparición de diversos órganos autónomos.

Aunado a lo anterior, todos aquellos logros constitucionales alcanzados por estos entes públicos, cuyo trabajo ha contribuido a la erradicación de la pobreza y la consolidación de un Estado de derecho, de tal forma que no represente un retroceso ni se pierdan las políticas de éxito promovidas.

Dicha Proposición con Punto de Acuerdo fue presentada por Diputadas y Diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios “Alianza Coahuila” del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), durante la última sesión.

En la exposición de motivos, se mencionó que las instituciones independientes, emergidas de una acción crítica y analítica de la sociedad, han influenciado de manera importante el rumbo de las políticas del país.

Estas se construyeron gracias al debate y diálogo entre distintas fuerzas políticas, creando consensos amplios y plurales con participación ciudadana, dejando de lado las burocracias monolíticas y aisladas aprobadas de forma unilateral que privaron décadas atrás.

Bajo este contexto puntualizaron que así surgieron el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Auditoría Superior de la Federación, instituciones que cobraron fuerza y solidez gracias a la pluralidad política.

Sin embargo, según se reveló, como estos, hay muchos otros organismos que han coadyuvado al desarrollo nacional y que hoy están en riesgo de desaparecer.

El pasado 5 de febrero, el titular del Ejecutivo Federal presentó ante la Cámara de Diputados un paquete conformado por 20 iniciativas de reformas constitucionales, entre ellas una que denominó “simplificación orgánica”.

Sustentada en principios de economía, racionalidad, honradez y transparencia en la asignación y ejercicio de los recursos públicos, el presidente Andrés Manuel López Obrador propone retroceder más de 30 años al regresar al poder centralista, atribuciones de diversos organismos que corresponden a la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Así como al Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (CONEVAL), los órganos reguladores coordinados en materia energética como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), y el organismo público descentralizado denominado Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU).

Se reveló que esa iniciativa guarda argumentos meramente presupuestales, partiendo de un análisis de los recursos que les han sido asignados desde su creación.

Sin embargo, al guardar una perspectiva puramente económica, desdeña los alcances, éxitos y estrategias innovadoras, dinámicas y perdurables que han legado al desarrollo institucional y democrático del país.

Esta omisión en el planteamiento inicial de la iniciativa puede solventarse mediante la aplicación del modelo de parlamento abierto que fue planteado por la presidenta electa Claudia Sheinbaum.

Se subrayó que el término de “Parlamento Abierto”, además de abordar el tema de la transparencia en los Congresos, abarca otros muchos factores que permiten una mayor interacción de la ciudadanía con los órganos parlamentarios.

La implementación de este mecanismo para el análisis y la discusión pública de un tema tan trascendental como la desaparición de los órganos constitucionales autónomos es una necesidad inminente que llama a la acción a todos los especialistas, asociaciones y organismos ciudadanos.

Los organismos autónomos que contemplan desaparecer han traído importantes logros y políticas de éxito. Es el caso del CONEVAL, cuya labor ha sido ampliamente conocida nacional e internacionalmente con reconocimientos y premios de distintas organizaciones y dependencias.

Los informes y estudios de este organismo han permitido conocer cuál es la situación social que ha prevalecido en México, poniendo a disposición de los creadores de políticas públicas herramientas e indicadores para medir la pobreza y fomentar el desarrollo social.

Otro caso es el INAI, según se señaló, cuya función ha sido indispensable para permitir a todas y todos los mexicanos tener acceso a la información pública de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y de los Órganos Constitucionales Autónomos.

A través de la plataforma, el INAI ha resuelto más de 100 mil quejas cuando el gobierno y los servidores públicos han negado la información solicitada. Utilizando su capacidad de atracción, también ha intervenido en más de mil ocasiones cuando el gobierno de la Ciudad de México, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales han negado información sobre casos importantes en el uso de los recursos públicos y la actuación de los gobernantes.

Gracias al INAI la población ha conocido casos emblemáticos de corrupción y de violación a los Derechos Humanos. Además, este es responsable de que los datos personales, en posesión de los Poderes Ejecutivo y Judicial y de las empresas, estén debidamente resguardados y seguros, y que no sean compartidos sin el conocimiento, consentimiento y aprobación explícita de sus dueños.

Asimismo, durante diez años la COFECE ha trabajado para dar certeza a los agentes económicos: han analizado más de mil 400 concentraciones, para prevenir la comisión de prácticas anticompetitivas; se han impuesto multas por 13 mil millones de pesos, por violaciones a la ley y barreras a la competencia; y se han iniciado 101 investigaciones por prácticas monopólicas absolutas, relativas y concentraciones ilícitas. Incluso ha sido premiada por el Banco Mundial y la Red Internacional de Competencia por promover la cultura de competencia.

En este mismo periodo de tiempo, el IFT ha sido reconocido con el máximo nivel por la Unión Internacional de Telecomunicaciones por su trabajo que se traduce en beneficios tangibles en términos de menores precios, mayor acceso y mejores servicios de telecomunicaciones y radiodifusión para las y los mexicanos.

En este lapso, logró disminuir 31.5% los precios de las comunicaciones entre junio de 2013 y la primera quincena de junio de 2023. En el segmento móvil se triplicó el número de líneas de internet (337.1%), al pasar de 27.4 millones en 2013 a 119.9 millones de líneas en 2022, con lo que se alcanzaron 93 líneas por cada 100 habitantes, hace 10 años había solo 23 líneas por cada 100 habitantes.

La participación del Agente Económico Preponderante de Telecomunicaciones (AEPT), desde la creación del Instituto, se redujo 35 puntos porcentuales en el mercado de banda ancha fija, y 16 puntos en el de banda ancha móvil.

En el caso del CRE, la misma Secretaría de Energía del gobierno federal lo ha reconocido por el destacado papel que ha desempeñado en los últimos 30 años en la regulación de los mercados de electricidad e hidrocarburos. Por su parte, la CNH ha procurado elevar el factor de recuperación y la obtención del volumen máximo de petróleo crudo y de gas natural en el largo plazo, siempre en apego a los principios de transparencia, honradez, certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficacia y eficiencia.

Esta remembranza de logros da cuenta que los organismos autónomos no son el resultado de una arbitrariedad política, sino producto de demandas ciudadanas, según lo expuesto.

Afirmaron que, por tanto, un análisis no puede reducirse a simples cifras, desvalorando las aportaciones que cada uno de estos han realizado al sistema democrático y económico del país.