Hace más de veinte años, la necesidad de otorgar mayor presupuesto a programas de salud para las mujeres y prevención del VIH SIDA dio un giro inesperado cuando seis organizaciones de la sociedad civil documentaron una extraña reasignación al Comité Nacional Provida. Como suele suceder en la discusión sobre la aprobación del presupuesto hubo negociaciones, ajustes y recortes. Fue el caso de la Comisión de Equidad y Género en el Congreso, la cual logró una ampliación de 600 millones de pesos para el presupuesto a Salud. Contrario a lo que se había votado, Luis Pazos, entonces presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública decidió que 30 millones de lo destinado a la prevención del SIDA fueran dirigidos a los Comités de Atención para las Mujeres de Provida, conocidos por sus campañas y acciones antiaborto.
Lo que constituyó una de las primeras auditorías ciudadanas fue posible gracias a la ley de transparencia y a solicitudes de información al alcance de la ciudadanía que permitieron documentar que esos recursos no habían ido ni a los enfermos, ni a los centros para las mujeres, sino a la compra de artículos de lujo como tangas, plumas Mont Blanc y ropa de marca. El Tangagate, como se le bautizó al caso, reveló la urgencia de transparentar el uso y destino de los recursos públicos, pero también alertó sobre los riesgos de los acuerdos y negociaciones políticas a espaldas de la ciudadanía.
Las distintas reformas en materia de transparencia y rendición de cuentas exigidas por la sociedad dieron sus frutos de manera relativamente rápida: en solamente quince años México pasó de una apertura cosmética a ocupar el sexto lugar de 125 países en materia de transparencia presupuestaria según el Índice de Presupuesto Abierto. Muy poco se hizo, sin embargo, para mejorar los mecanismos de vigilancia legislativa y de participación ciudadana sobre los cambios que se realizan sobre el presupuesto votado.
El último Informe País sobre combate a la corrupción presentado el día de ayer por el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, documenta cómo hay una ausencia de controles efectivos sobre el uso que se hace del dinero de todos. Al menos cinco "zonas de riesgo" favorecen la discrecionalidad y la opacidad en el uso de los recursos públicos. Esto sucede en las adecuaciones presupuestarias en donde las ampliaciones y disminuciones deben, por ley de estar sustentadas, lo cual no sucede. La asignación de gastos indirectos es otro foco de discrecionalidad; solo en 2022, se destinaron 4 mil 746.08 millones de pesos a estos gastos. Una caja nada chica de la cual el 75 por ciento fue redirigido al ramo del Bienestar para alimentar los programas de transferencias directas. En cuanto a los fideicomisos, mientras los de Ciencia y Tecnología y de víctimas fueron eliminados, los de Economía, Hacienda y Sedena, solo por mencionar algunos, siguieron vigentes. Los ahorros motivados por la austeridad fueron traspasados a otros rubros sin poder conocerse los criterios y causas de reasignación. Y, finalmente, en materia de contrataciones públicas, más del 91 por ciento fueron hechas por el gobierno federal abusando de la adjudicación directa sobre otros procedimientos contemplados en la ley.
Esto se conoce gracias al acceso ciudadano de la información. Una vez que se vote el dictamen que desaparece a los órganos garantes de la transparencia, la información dejará de ser de acceso libre y pasará a ser controlada por el gobierno. La dispersión de datos entre una Secretaría y múltiples contralorías carentes de independencia política harán prácticamente imposible que el derecho sea exigible. Con esto será más fácil perderle la pista al dinero y el desfalco seguirá sucediendo.
