Desde su campaña por la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum fue anunciando los ejes de la política hídrica que implementaría su gobierno. En la toma de posesión que vimos el día de ayer, refrendo dos de los que se plasmaron durante la campaña, al que agregó otros; en esta columna solo comentaremos los que consideramos más importantes: la tecnificación del riego agrícola, el saneamiento de aguas residuales y la revisión de las concesiones de agua.
La agricultura es el principal usuario de agua en México, alrededor del 70% de los volúmenes disponibles se destinan a irrigar cultivos en poco más de 6 millones de hectáreas, la mitad en 80 distritos de riego concentradas en zonas donde se dispone de escurrimientos superficiales de ríos importantes que son almacenados en grandes presas, y la otra mitad en miles de unidades de riego dispersas por todo el territorio nacional que aprovechan manantiales, arroyos y otros escurrimientos menores.
En los distritos de riego se concentra la agricultura empresarial, en algunos de ellos se siembran predominantemente cultivos para exportación, irrigados con el agua superficial almacenada en las presas y el agua del subsuelo extraída a través de pozos de bombeo. Es la agricultura más rentable que se basa, en no pocos casos, en la sobreexplotación de la séptima parte de las cuencas hidrológicas y de la sexta parte de acuíferos existentes en México, situación que se ha agudizado desde 1992 cuando se emite la Ley de Aguas Nacionales que permitió el otorgamiento de concesiones sin control, sin conocimiento de la disponibilidad de agua; bajo el amparo de esta ley y en concordancia con la reforma de la Ley Agraria también de 1992, ocurre una privatización de facto del agua y la tierra al transferirse millones de metros cúbicos y miles de hectáreas de los ejidos al sector empresarial.
Hoy en día, el porcentaje de tierras y aguas ejidales se ha reducido drásticamente al ser acaparadas por grandes empresarios que aprovecharon la mercantilización que el gobierno promovió de esos recursos, lo cual implica que, si bien es cierto que el agua se maneja con bajos niveles de eficiencia (alrededor del 50% en el caso del agua superficial y solo es mejor en donde se ha tecnificado el riego de agua proveniente del subsuelo), la mayor parte de los fondos que promete el nuevo gobierno mediante la tecnificación para "rescatar volúmenes usados en la agricultura que se transfieran al uso doméstico-urbano", misma que se centrará en el manejo y uso del agua superficial, se destinarán al sector empresarial. Parece que esta política pública está enfocada a consolidar el modelo neoliberal de gestión hídrica iniciado hace poco más de tres décadas.
Es sabido que la mayor parte de los municipios, incluidos algunos que forman parte de las más importantes zonas metropolitanas del país, no han creado sistemas de saneamiento de las aguas residuales doméstico-urbanas e industriales, por ello es una propuesta acertada destinar fondos públicos para atender este rezago estructural en la gestión del agua urbana, solo que deben considerar que para "rescatar volúmenes" de este tipo mediante la atención del déficit de saneamiento, no debe limitarse a crear plantas de tratamiento de estas aguas residuales, debe incluir el manejo de las redes de distribución de agua a las viviendas y negocios, las de drenaje y, más que eso, un rediseño de los sistemas de gestión de agua urbana que permita rescatar volúmenes que actualmente no se sanean o cuando si lo hacen se destinan al uso agrícola, cuando deben utilizarse para sustituir el abasto que se hace con agua potable a los espacios verdes urbanos, a crear y/o fortalecer la infraestructura verde en las metrópolis.
Finalmente, se mencionó que se revisará el sistema de concesiones de agua, la parte clave de la mercantilización de este recurso. Esta es la parte medular para regular el desorden existente en la gestión del agua en México, gran parte de estas concesiones de agua subterránea se otorgaron sin conocimiento técnico de la disponibilidad de agua en los acuíferos, implicó también un tráfico de estas, particularmente en las transmisiones que se hicieron del sector ejidal al privado, no pocas se realizaron de manera irregular, mientras que en caso de las concesiones otorgadas a las asociaciones de usuarios que administran las redes hidráulicas también están marcadas por el tráfico ilegal de volúmenes y derechos individuales por las asociaciones de usuarios y entre los mismos usuarios en los distritos de riego.
La intención de mejorar la eficiencia en el uso del agua en la agricultura y mejorar el saneamiento de aguas residuales para rescatar volúmenes que se destinen a cubrir el déficit en el uso urbano-doméstico, es buena, pero debe hacerse paralelamente a la revisión del sistema de concesiones, lo que implica reformar la actual Ley de Aguas Nacionales que permite el uso mercantil de agua y reestructurar a fondo la entidad oficial responsable de la gestión del agua en el país, ponerle cotos normativos y administrativos, a los que debe agregarse otros aspectos que cambien sustancialmente el ese enfoque mercantil por otro basado en Derechos Humanos: a un ambiente sano, a agua potable, a la información, la participación ciudadana y la justicia hídrica. De otra forma las intenciones de la nueva presidenta se diluirán en la madeja institucional en que se ha basado el modelo de gestión mercantil del agua.
