El año nos deja una estela de tensiones políticas y sociales que no podemos ignorar. Tuvimos un proceso electoral que lejos de ser un ejercicio pleno de democracia, se vio constantemente amenazado por la intromisión del Ejecutivo Federal desde las mañaneras, la presión ejercida sobre el INE y la asignación discrecional de recursos con fines electorales. Por supuesto también el descrédito de las decisiones de la Suprema Corte y de los organismos autónomos. Además, por colusión u omisión de los gobiernos creció el control del crimen organizado en amplios territorios del país generando tensiones sociales, extorsiones, pérdidas económicas y un gran dolor por los hijos e hijas asesinados o desaparecidos y las miles de familias desplazadas.
A lo largo del año se exhibió el enorme cinismo en el desvío de recursos, contratos otorgados sin licitación a empresas vinculadas a familiares de altos funcionarios y una opacidad en la asignación del dinero público que sugirió intereses políticos por encima del bien común. Cada nuevo escándalo, ya sea la adjudicación de obras a consorcios afines o la manipulación de padrones sociales con fines electorales, fue un recordatorio doloroso de que la transparencia y la responsabilidad en la gestión pública siguen siendo, para muchos, prescindibles.
Si a esta situación sumamos los trágicos eventos que evidenciaron omisiones imperdonables -como la respuesta insuficiente ante desastres naturales, la desatención a personas migrantes varadas en nuestras fronteras, el alarmante incremento en la violencia contra periodistas y activistas y la invisibilidad de las víctimas de las violencias- se concluye sin equivocación que el Gobierno Federal careció de sensibilidad mínima y de políticas integrales para enfrentar las crisis. La inacción, la negación o la respuesta tardía al dolor humano fueron constantes que marcaron el año.
Pese a la gravedad de todo lo anterior, lo que más recordaremos de este trágico 2024 es el uso que se le dio a las mayorías votantes. La sentencia del Tribunal Electoral de permitir que Morena y sus aliados se quedaran con el 74% de los asientos en la Cámara de Diputados (de forma ilegítima) habiendo ganado solo el 53% y el uso político de la justicia para obtener los dos votos faltantes en el Senado, tuvo como consecuencia cambios radicales en la Constitución y por consiguiente un cambio en el régimen político.
Específicamente la aprobación de la Reforma Judicial, que destruye las bases de autonomía del árbitro constitucional y la desaparición de siete de los órganos autónomos, son los cambios más profundos a la Carta Magna desde 1917, se modificaron los equilibrios constitucionales, se concentró el poder en un solo grupo, se terminó con un régimen donde el poder tenía contrapesos y podía ser controlado. Ahora la defensa contra la arbitrariedad del poder para los ciudadanos comunes es mínima o inexistente. En pocas palabras, es la fundación de una autocracia, donde el poder está concentrado en el Ejecutivo, solo disputado por las huestes más radicales de Morena. No obstante, en la práctica el expresidente dejó el poder compartido entre el Ejecutivo, los militares y el crimen organizado.
Sin embargo, a pesar del entorno tan adverso, da esperanza que la sociedad no estuvo de brazos caídos. Decenas de miles de personas salieron a las calles, defendiendo la democracia, exigiendo justicia, señalando la complicidad de los gobiernos ante la inseguridad y la corrupción. Esta efervescencia ciudadana demostró que, el vendaval puede sacudirnos, pero nunca someterá a quienes caminan juntos. La movilización y la colaboración son la vía para un mejor futuro.
Regreso con ustedes, amables lectores, el 11 de enero, por lo pronto les deseo muy felices fiestas en compañía de familiares y amigos.
