Ha comenzado un impasse en los ambientes políticos y económicos de nuestro país en cuanto a decisiones estratégicas. Desde ahora hasta el 1° de octubre el gobierno está dedicado a dejar todo limpio y planchado para recibir la nueva administración federal. La mayoría de la población espera ver una clara diferencia respecto a la administración anterior que, con todo el innegable acierto de haber instituido las muchas pensiones universales, empero ha dejado en el país un tono de frustración y desazón.
La culpa es clara. Los gastos sin control efectuados en proyectos de infraestructura que acabaron echando mano de fondos y fideicomisos que cumplían funciones de servicio social, dejaron al país en bancarrota, que sólo el creativo secretario de Hacienda ha logrado evitar que cayéramos en la necesidad de gestionar otro rescate financiero de Estados Unidos como el del 1994.
La gestión del gobierno de AMLO fue una desordenada réplica a escala nacional del socialismo tropical que se dio en Yucatán y Tabasco en los años 20 y 30 del siglo pasado. Fue alto el costo extinguiendo ahora entidades de servicio de toda dimensión. El abandono en que cayeron escuelas, hospitales y demás servicios sociales, contribuyó a que en el sexenio de AMLO retrocedieran 10 años del desarrollo que serán un lastre para los años venideros. A esta reconstrucción habrá de colaborar las empresas privadas que emplean al 90% de la fuerza laboral del país. El nuevo gobierno debe retomar el ritmo de crecimiento económico y social interrumpido en 2018 debiendo evitar los errores que tanto el sector privado, que no respondió a su responsabilidad social, al igual que el sector público que se dedicó a dividir a los mexicanos, provocando tensiones sociales, bloqueando la concordia necesaria para el progreso nacional. El sector público insistió en centralizar la dirección no solo política, sino económica lo que nada tenía que ver con el concepto de realizar una sana función rectora del Estado.
La independencia de México en lo económico y político está relacionada al T-MEC. Nuestro país está crecientemente comprometido a actuar en el contexto de su articulado, donde se expresa claramente que no tenemos la libertad de suscribir convenios sino con países de economía de mercado. Por el contrario, todo convenio de países de economía centralizada, como China, requiere ser aceptado por nuestros dos socios. Lo anterior nos identifica con el gran programa hegemónico norteamericano como condición para acelerar nuestro desarrollo. La expresa exclusión de China, país que ya realiza un vigoroso plan de inversiones en América Latina está en la mira.
Hace algunos años no aceptamos respaldar el vasto proyecto de Dragon Mart en Cancún. Gobierno y empresas privadas nos opusimos a la invasión masiva de productos chinos en nuestros mercados. En los últimos seis, sin embargo, han proliferado cientos de pequeños "dragón marts" instalados en edificios a lo largo de Izazaga y en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México. El gobierno de la capital, encabezado por la hoy virtual presidente, autorizó dicho comercio chino, al igual que la muy publicitada adquisición de equipos de transporte público de total manufactura china. De esta manera, se contrarió la política norteamericana del T-MEC.
La decisión que deberá tomar el próximo gobierno, sobre el grado en que queramos articular nuestra dinámica relación económica, implica nuestras respuestas a la agresiva política China de financiar sus empresas centralmente dirigidas para establecer fábricas para acercar sus productos nearshoring al mercado de Estados Unidos.
México ya es el principal proveedor extranjero en el mercado norteamericano. Es obvia la necesidad de expresar como socios el grado en que queremos respetar la filosofía del T-MEC como el crucial instrumento económico de Washington. Por el momento Trump, candidato republicano, declaró su intención de bloquear con altísimos aranceles la llegada de productos chinos fabricados en territorio mexicano. ¿Qué hará al respecto nuestra próxima presidente?
