Conagua, institución corrompida que genera impunidad, tiene un futuro incierto. Su Director General, Germán Martínez Santoyo, fue abucheado durante su discurso en la supervisión del proyecto Agua Saludable para La Laguna el 16 de junio en Lerdo, Durango, en presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Se le critica en esta región del centro norte de México, su opacidad y componendas con hidromafias.
¿Quién asumirá la Dirección General de la Conagua en el próximo sexenio? ¿Qué rumbo tomará? ¿Desaparecerá por fin esa institución o se transformará en Secretaría del Agua del Gobierno de México? ¿Abandonará el modelo extractivista como instruyó la nueva presidenta Sheinbaum a la próxima secretaria de Semarnat, Alicia Bárcena?
Adentrada la transición que culminará el 1 de septiembre con la instalación de la nueva legislatura federal y el 1 de octubre con la toma de protesta de la nueva presidenta de la República, la Coordinadora Nacional Agua para Todos Agua para la Vida promueve que la ciudadanía evalúe el desempeño histórico de la Comisión Nacional del Agua.
A través de una acción patrocinada en la plataforma digital actionnetwork.org, la Coordinadora anima a la ciudadanía a participar con el formato "Evaluemos a la Conagua, con propuestas".
A la par, y todavía sin Ley General de Aguas, ciudadanos construyen Contralorías del Agua para presentar propuestas a los gobiernos, generar soluciones con sus propios esfuerzos y evaluar el desempeño de funcionarios, en este caso de la Conagua.
Este viernes 21 de junio, fuerzas de la Coordinadora Agua para Todos revisaron avances de la construcción de Contralorías Ciudadanas Autónomas del Agua, nacional y regionales, en Ciudad de México, y sostuvieron un diálogo con el Relator del Derecho Humano al Agua de la ONU, Pedro Arrojo.
Una reunión similar se realizó este viernes por la tarde en Toluca, Estado de México.
Con referencia a funcionarios en específico a fin de evaluar a la Conagua, la ciudadanía responde sí es vital o no que el Ejecutivo y el Legislativo logren cambios como los siguientes:
Ejercer voluntad política para poner fin a la sobreexplotación y acaparamiento de agua.
Reconocer los derechos de comunidades indígenas, núcleos agrarios, sistemas comunitarios.
Poner fin a los mercados y bancos de agua.
Poner fin a la privatización de obras hidráulicas y servicios de agua y saneamiento.
Garantizar recursos para obras locales de agua y saneamiento -20 mil millones de pesos mínimo-, incluyendo programas para aliviar deudas y facilitar acceso a energía solar.
Garantizar fuentes sustentables de agua a través de proyectos de regeneración, no a los trasvases.
Exigir que los sistemas municipales pongan fin a fugas y huachicoleo, y garanticen acceso universal.
Garantizar recursos -5 mil millones de pesos mínimo- y voluntad política para poner fin a la contaminación.
Prohibir el uso de aguas nacionales para minería tóxica y fracking.
Democratizar y transparentar los Distritos de Riego.
Reemplazar los "Consejos de Cuenca" con consejos ampliamente representativos, desde lo local hasta lo nacional.
Reconocer a las Contralorías del Agua.
Los ciudadanos tienen la posibilidad, además, de participar con otras propuestas; incluso con necesidades y exigencias para el periodo 2024-2030.
Se reserva una casilla del formulario para que la persona firmante diga el nombre de algún funcionario de la Conagua a evaluar y su área de responsabilidad.
La actual Ley de Aguas Nacionales (LAN) fue promulgada en 1992, de cara a la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Su función principal fue reemplazar las complejas formas de tenencia del agua en el país con un sistema único de concesiones libremente transferibles, a ser otorgadas masivamente "en orden de solicitud" por la Conagua, autoridad central sin mecanismos de revisión pública ni contrapesos.
Bajo esa ley, a lo largo de los años noventa, la Conagua empezó a otorgar masivamente concesiones a largo plazo -30 años para empresas, 10 años para pequeños productores-, para todos los pozos y tomas existentes, supuestamente en orden de solicitud, sin importar la existencia de 344 vedas de aguas superficiales y 146 de aguas subterráneas, ni la falta de disponibilidad o la prelación de usos, ni si los volúmenes solicitados correspondían a los realmente utilizados.
Funcionarios de la misma Conagua, desconcertados por este proceso, empezaban a referirse a los "pozos fantasmas" de las grandes empresas que estaban especulando con el agua.
Inmediatamente emergió un vigoroso mercado de concesiones el cual, según las intenciones de la LAN, iba a permitir que el agua quedara en manos de los sectores y empresas más productivas y rentables.
El otorgamiento masivo de concesiones "en orden de solicitud" fue un proceso opaco, arbitrario y discriminatorio en contra de los pueblos y a favor de los intereses más cercanos al régimen federal en turno.
Hasta ahora.
@kardenche
