La Corte ha entreabierto la puerta a la posibilidad de una crisis constitucional, a una instrumentación política de lo judicial (lawfare, le llaman en inglés) que llevaría a una confrontación de poderes y a una exacerbación política y social de dimensiones imprevisibles ante la pretensión de la mayoría de ministros (ocho de tres) de frenar la reforma judicial aprobada por mayoría calificada por las dos cámaras del Congreso de la Unión y una amplia mayoría de legislaturas estatales, además de haber sido publicada en el Diario Oficial de la Federación y estar en proceso de aplicación en el Instituto Nacional Electoral en cuanto a la futura votación de jueces, magistrados y ministros.
Puerta entreabierta porque solo implica por lo pronto la aceptación de que los ministros en funciones pueden someter a revisión la reforma constitucional relacionada con los propios intereses de la cúpula judicial: jueces supremos analizando y resolviendo sobre una reforma legislativa legítima, así fuera insuficiente o mejorable, que les afectaría a ellos y que podrían pretender frenar o anular.
Un paso delicado el que han dado esos ocho ministros mayoritarios, pues desde ahora hay claros indicios de la vocación anulatoria que les mueve en relación con la reforma judicial: ya se han expresado varios de ellos en actos públicos contra tal reforma, incluso en protestas de trabajadores del Poder Judicial Federal. Así que la tendencia visible apuntaría a que su voto busque impedir, o retrasar y enredar, la aplicación de la reforma.
Es un conjunto de acciones concatenadas: jueces federales ordenaron no realizar el proceso legislativo relacionado con la mencionada reforma, lo cual no fue aceptado por diputados y senadores de la mayoría 4T por considerar que significaría una intromisión de un poder en las facultades de otro; otro juez ordenó al presidente López Obrador (quien no atendió tal instrucción) que no hiciera publicar en el Diario Oficial de la Federación el decreto que cerraba el ciclo de aprobación de la reforma e instruía su entrada en vigor al otro día de tal publicación.
Y el próximo 12 de noviembre, en Washington, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la nefasta Organización de Estados Americanos (intervencionista instrumento de intereses del gobierno de Estados Unidos), habrá de celebrar una audiencia pública sobre la reforma judicial mexicana, a petición de Juana Fuentes Velázquez, de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito; Rosa Elena Alonzo Méndez, del Colegio de Secretarios y Actuarios Federales, y Víctor Manuel Rodríguez Rescia, del Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, quienes podrán exponer oralmente sus alegatos el día citado.
No hay qué perder de vista que el golpe de la Corte no se circunscribe a lo jurídico, pues en realidad es una continuidad de la batalla electoral en la que triunfó de manera apabullante el Plan C de Morena y aliados, que expresamente proponía una reforma judicial con elección directa de juzgadores. Ahora se está en una especie de Plan P(iña) que trata de condensar y potenciar a los electoralmente derrotados, no tanto por su fuerza interna sino, marcadamente, mediante la invocación de que medios e instituciones extranjeras asuman la versión de la "dictadura" que está acomodando el poder judicial a su contentillo y "actúen" en consecuencia.
De darse una resolución de la Corte que impida o entrampe la multimencionada reforma se estará en presencia de un conflicto jurídico con consecuencias políticas y sociales pues, llegando a extremos, el poder legislativo podría iniciar un juicio político contra ocho ministros que, a su vez, podrían amagar con acciones por desacato contra legisladores, Presidenta de la República y directivos del Instituto Nacional Electoral si no obedecieran las resoluciones de los ministros. ¡Hasta el próximo lunes!
