Los presidentes de México, Brasil, Colombia y España dicen ser defensores la democracia en todo el mundo, pero demostraron ser todo lo contrario al permanecer en silencio tras el más reciente atropello a las normas democráticas del dictador venezolano Nicolás Maduro.
Ninguno de estos jefes de Estado se unió a las protestas internacionales cuando el régimen de Maduro ratificó el 26 de enero la inhabilitación de la candidata opositora venezolana María Corina Machado para presentarse en las elecciones presidenciales que constitucionalmente deben realizarse en 2024. Machado había ganado las primarias de la oposición en octubre con más del 90% de los votos.
Horas después de que el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por Maduro anunciara que Machado no podrá postularse, Argentina, Uruguay, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Chile, Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y Francia, entre otros países, condenaron o expresaron su preocupación por el fallo.
Machado dice que se presentará de todos modos, con la esperanza de que la presión nacional e internacional obligue al régimen de Maduro a dar marcha atrás.
Los países que protestaron contra la inhabilitación de Machado dicen que el régimen venezolano ha roto un compromiso que asumió en las negociaciones con la oposición mediadas por Noruega en Barbados el año pasado. Ese acuerdo exigía que Venezuela celebrara elecciones justas en 2024.
Además, funcionarios de los países que critican la decisión de Maduro dicen, con razón, que una nueva farsa electoral en Venezuela afectaría a todos los países de la región, porque podría dar lugar a una nueva ola de migrantes venezolanos.
En una entrevista la semana pasada, Machado me dijo que "si Maduro no hace elecciones y por la fuerza nos ataca, podemos llegar a ver en pocos meses a uno o dos millones de migrantes más".
Incluso antes de su más reciente prohibición de competir, Machado debía hacer frente a enormes obstáculos para hacer campaña. Según me dijo, la censura gubernamental no le permite aparecer en los principales medios, y no puede viajar en avión al interior del país porque las aerolíneas tienen órdenes de no dejarla abordar.
"¿Sabes cuántas entrevistas yo tuve en televisión abierta en medios importantes de enero a diciembre del año pasado? ¡Cero!", me dijo Machado. "Estoy absolutamente censurada".
Machado se hace escuchar a través de las redes sociales (tiene 4.4 millones de seguidores en X, antes Twitter, y 2.4 millones en Instagram) y a través de expatriados que envían videos de sus entrevistas con medios extranjeros a sus familiares en Venezuela, me señaló.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el presidente colombiano Gustavo Petro no tienen excusa alguna para permanecer en silencio ante los abusos de Maduro.
No pueden pretender que no se meten en los asuntos internos de otros países, porque lo hacen casi a diario. López Obrador declaró recientemente que el nuevo presidente de derecha argentino, Javier Milei, es un "facho" y que la presidenta constitucionalmente designada de Perú, Dina Boluarte, es una "usurpadora" del poder.
Por gracioso que parezca, mientras se proclama un defensor de la democracia, López Obrador hace poco le otorgó la medalla más importante de México para extranjeros al dictador cubano Miguel Díaz-Canel.
Al igual que López Obrador, al momento en que escribo estas líneas cuatro días después de la inhabilitación de Machado, Lula y Petro han permanecido callados sobre el tema.
Irónicamente, Colombia y Brasil están entre los países que más tienen que perder si Venezuela no resuelve su crisis mediante elecciones justas. Colombia ya tiene 2.9 millones de migrantes y refugiados venezolanos -más que cualquier otro país- y Brasil tiene 510,000, que están sobrecargando sus escuelas y hospitales, según nuevas cifras de las Naciones Unidas.
El gobierno del presidente Joe Biden hizo bien en anunciar días atrás que restablecerá algunas sanciones estadounidenses a Venezuela y podría restituir otras en abril si Maduro no revoca la inhabilitación de Machado. En contraste, el silencio cómplice de los presidentes de México, Brasil y Colombia es vergonzoso.
