Lord Acton
La última oleada de iniciativas y acciones del presidente López Obrador comparten un factor común: todas buscan concentrar el poder en la Presidencia. El mandatario sabe que ya no estará en Palacio Nacional a partir del próximo 1 de octubre, pero quiere dejar la herencia de un sistema que concentre todo el poder en una sola persona, como en la vieja presidencia imperial.
Es el caso de la iniciativa para enmendar la Ley de Amnistía. Esta le permitiría al presidente perdonar, en cualquier momento de un proceso o incluso después de la sentencia, a un criminal que hubiera cometido cualquier delito, si aporta "elementos comprobables que resulten útiles para conocer la verdad de los hechos en casos que sean relevantes para el Estado". Esto no solo le da al presidente un poder por arriba de cualquier tribunal, sino que lleva la perversión de los testigos comprados a un extremo inaudito. Ningún criminal se abstendrá de declarar lo que pida la fiscalía si a cambio se le promete una amnistía total por cualquier crimen.
Si la facultad absoluta de amnistía convertiría al presidente en juez supremo de la república, la limitación a los efectos generales de las suspensiones a normas generales le permitiría anular en términos prácticos el juicio de amparo. En efecto, la modificación a la Ley de Amparo haría que, aun cuando las normas generales sean declaradas inconstitucionales, el presidente podría seguir aplicándolas, excepto en los pocos casos de quienes obtuvieran suspensiones. López Obrador, por ejemplo, podría haber seguido aplicando la Ley de la Industria Eléctrica o las reformas electorales del plan B a pesar de que fueron declaradas inconstitucionales por los tribunales federales y por la Suprema Corte.
Preocupante también resulta la destitución del auditor especial de desempeño, Agustín Caso, de la Auditoría Superior de la Federación. Este despido es ilegal porque los artículos 93 y 94 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación establecen que los auditores especiales solo pueden ser cesados por causas graves enunciadas en el artículo 93. Sin embargo, el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares, no ha comprobado esas faltas. Caso es el auditor que enfureció al presidente López Obrador por señalar que el costo de cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México ascendía a cuando menos 331 mil millones de pesos y no a los 100 mil millones que él argumentaba. Colmenares trató primero de forzar la renuncia del auditor especial y ahora simplemente lo ha despedido. Caso ha afirmado que la ASF "ha abdicado del cumplimiento de los principios constitucionales. Si una simple evaluación incomoda a un funcionario, esta desaparece". El programa anual de auditorías "se ha vuelto una suerte de autocensura, pues no se nos permite incorporar los temas de relevancia nacional". La ASF simplemente trata de quedar bien con el gobierno.
López Obrador está construyendo las estructuras de una tiranía. Es importante reconocer que él mismo no ha gobernado como dictador, como sí lo han hecho sus colegas Miguel Díaz-Canel de Cuba, Nicolás Maduro de Venezuela o Daniel Ortega de Venezuela, pero no podemos cerrar los ojos a la forma en que está concentrando el poder. Él afirma que no importa, porque es honesto, pero nadie puede asegurar que sus sucesores no abusarán de este régimen sin contrapesos que está creando y en el cual el presidente puede amnistiar a criminales, gobernar con leyes inconstitucionales o exigir que no se auditen sus obras. Este no es el camino para construir un régimen de derecho.
ZALDÍVAR
A las investigaciones sobre varios de sus excolaboradores, Arturo Zaldívar ha respondido promoviendo un juicio político contra su sucesora como presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña. Reitero mi posición: Zaldívar y su gente merecen la presunción de inocencia, pero no quedar exentos de una investigación sobre probables actos ilegales. Eso se llamaría impunidad.
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