En Durango analizan armonización estatal contra deudores alimentarios
El Congreso del Estado de Durango a través de las Comisiones de Justicia y Asuntos Familiares el análisis para armonización estatal del marco normativo contra deudores alimentarios, quienes entre otras cosas, no podrán tramitar documentos de identificación, licencia de conducir, pasaporte o salir del país si no se hacen cargo de la manutención de sus hijos a la que la ley les obliga.
La iniciativa que será dictaminada por ambas comisiones fue presentada este martes 24 de Septiembre ante el pleno del Congreso a nombre de las y los diputados Sughey Torres, Ernesto Alanís, Rocío Rebollo, Noel Fernández, Susy Torrecillas, Daniela Soto y Carlos Chamorro, todos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que contiene reformas a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Durango, en materia de Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.
Los mismos diputados también proponen adiciones a los Artículos 94, 96 y 304 del Código Civil del Estado de Durango en materia de Registro Nacional de obligaciones alimentarias.
La diputada priísta, Sughey Torres, dijo que lamentablemente en el momento de la presentación de dichas iniciativas no existían las condiciones para la realización de un registro “por no decir la voluntad de muchas y muchos y se estimó innecesaria su creación por lo que se desestimaron al menos en dos ocasiones dichos proyectos sin embargo como en muchos casos el tiempo nos dio la razón y en mayo del 2023 mediante reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se creó el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias”, dijo la diputada ante el pleno del Congreso.
Mencionó que el objetivo de este registro es la concentración y publicación de la información de quienes incumplen con su obligación de dar alimentos, esto con la finalidad de proteger y restituir los derechos de las niñas niños y adolescentes del país.
“Es increíble que tengamos acarrear a los progenitores hacerse cargo de sus propios hijos y de obligar a quienes tienen la obligación. Nos toca armonizar nuestra legislación con la legislación federal para dar certeza y seguridad jurídica a nuestros niños que enfrentan la desprotección y abandono de sus padres”, dijo.
Entre la armonización destaca que se establece claramente que los derechos alimentarios comprenden esencialmente la satisfacción de las necesidades de sustento y supervivencia como:
a) La alimentación y nutrición, vestido, habitación, recreación, atención médica y psicológica preventiva integrada a la salud, asistencia medico hospitalaria y, en su caso, los gastos de embarazo y parto;
b) Los gastos derivados de la educación y la formación para proporcionar a los menores un oficio, arte o profesión, adecuados a sus circunstancias personales, y c) Con relación a los menores con algún tipo de discapacidad declarados en estado de interdicción, lo necesario para lograr, en lo posible, su habilitación o rehabilitación y su desarrollo;
¿Quién concentrará esta información?
El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango suministrará, intercambiará, sistematizarán, consultará, analizará y actualizará, la información que se genere sobre el incumplimiento de las obligaciones alimentarias en el ámbito de sus competencias utilizando los sistemas e instrumentos tecnológicos del Sistema Nacional DIF para integrar el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.
La calidad de deudor moroso se difundirá en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, el cual, será público con base en lo dispuesto en Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Durango.
La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Durango, tendrá acceso total a las bases de datos del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.
Los datos recabados en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias podrán ser utilizados para los fines estadísticos o de análisis que se consideren necesarios.
La actualización del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias deberá realizarse de forma mensual.
¿Qué no podrán tramitar los deudores alimentarios?
Las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus competencias, dispondrán lo necesario a fin de establecer como requisito la presentación del certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias en los trámites siguientes:
- Obtención de licencias y permisos para conducir;
- Obtención de pasaporte o documento de identidad y viaje;
- Para participar como candidato a cargos concejiles y de elección popular;
- Para participar como aspirante a cargos de jueves, magistrados en el ámbito local o federal;
- Los que se realicen ante notario público relativos a la compraventa de bienes inmuebles y la constitución o transmisión de derechos reales y;
- En las solicitudes de matrimonio, el juez del Registro Civil hará del conocimiento si alguno de los contrayentes se encuentra inscrito en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, mencionando la situación que guardan respecto de las obligaciones que tiene.
Deudores no podrán salir del país
Además, las autoridades estatales competentes, instrumentaran las medidas de restricción migratoria que establezcan que ninguna persona inscrita en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias pueda salir del país cuando:
- Sea deudor alimentario moroso.
- Existan medios de prueba que permitan al Juez determinar la existencia de un riesgo importante de que la salida del País sea utilizada como un medio de evasión de pago.
El impedimento para salir del país deberá ser solicitado por el acreedor o por quienes tengan su guardia y custodia ante el Juez correspondiente, quien, en su caso, deberá notificar a las autoridades correspondientes respectivas para los efectos conducentes el Juez podrá autorizar la salida del país si se garantiza el pago de por lo menos la mitad del adeudo que se tenga por el pago de alimentos y un depósito que corresponda al pago adelantado desde noventa hasta trescientos sesenta y cinco días de la pensión, según las circunstancias, o bien proporcione cualquier otra garantía, que a criterio del Juez garantice el cumplimiento de su obligación.
