Cuando recibe la llamada de la Presidenta instándolo a convertirse en fiscal general de la República, el magistrado en retiro Arturo Pereda -uno de los juristas más respetados del país- lo considera una reivindicación por tantos años de trabajo honesto, tenaz y paciente en la judicatura. Desde la nueva posición que se le ofrece podrá contribuir a que en el país por fin se implante un auténtico Estado de derecho. Él jamás coqueteó con la política, a la cual siempre vio con desdén o suspicacia, y ni siquiera simpatiza con Yatziri Sabanero, la primera mandataria del país, y su movimiento enfocado en "recuperar la grandeza de México", pero la posibilidad de pasar a la historia y de culminar su carrera con semejante encargo lo llena de esperanzas.
Durante su primera entrevista con Sabanero en Palacio Nacional, la Presidenta no duda en expresarle sus dudas sobre el marco legal vigente, diseñado -le advierte- solo para proteger a una minoría y conmina a Pereda a trabajar mano a mano con don Cecilio Barbachano, el secretario de Justicia: el principal recaudador de fondos para su campaña. Como una suerte de Alicia tropical, a partir de ese momento Pereda pasará al otro lado del espejo -y nosotros con él- y, de presentarse como un abogado cuyo mayor anhelo ha sido el cumplimiento cabal de la Constitución, se convertirá en testigo, víctima y a la postre artífice del más obsceno ejercicio del poder.
-La democracia cuesta y cuesta mucho -le explica Barbachano-. Vamos a necesitar dinero para defenderla. Para que el pueblo bueno ejerza libremente su voluntad y no se deje confundir por nuestros enemigos.
Firme en sus principios, Pereda se negará a acatar las instrucciones del brazo derecho de Sabanero -quien en los últimos meses se ha dedicado a extorsionar a empresarios, encarcelar a los enemigos de la Presidenta y enriquecerse aún más en el proceso-, negándose a quebrantar la ley o a usarla en provecho de su propio grupo político. Una repentina conspiración en su contra, plagada de acusaciones falsas, y el contacto con los esperpénticos protagonistas de la transformación del país -periodistas, abogados, jueces, empresarios y opositores-, al cabo lo llevarán a aceptar el papel que le corresponde en este nuevo México. Ni qué decir que, tras oponerse a ella por considerarla contraproducente y absurda, terminará siendo uno de los más entusiastas defensores de la reforma judicial propuesta por Sabanero cuyo principal objetivo es la disolución de la Suprema Corte.
El país dibujado por Gerardo Laveaga en Hacia el pantano (2024) es apenas distinto del nuestro: una magnífica sátira donde el horror o el ridículo son culpa de nuestra inverosímil realidad. Sin ser una novela en clave, a muchos lectores no les será difícil reconocer, tras los rasgos deformados de sus protagonistas, a las caricaturas que han hecho de sí mismos AMLO y sus colaboradores más cercanos tanto como sus más feroces enemigos en la oposición: esperpentos que en público afirman defender al pueblo o a la democracia, según convenga, pero que en privado no buscan otra cosa que afianzar sus privilegios o asegurarse el control total de las instituciones del país.
Hacia el pantano no podía haberse publicado en mejor momento: un retrato tan ácido como veraz de las aciagas postrimerías del lopezobradorismo en el cual, por desgracia, cada uno de nosotros somos personajes. Al leerla, entendemos mejor los resortes que mueven a quienes persiguen la reforma judicial tanto como a quienes buscan detenerla: ni a unos ni a otros les importan en absoluto la justicia o el Estado de derecho -que en México no existen por culpa de unos y otros-, sino apenas mantener a toda costa sus espacios de poder. Laveaga cita una frase atribuida a López Mateos, según la cual los requisitos ideales para ser fiscal -o juez o funcionario- son: "primero, ser leal; segundo; ser leal; y tercero, ser leal. Si además sabe Derecho, mejor". Así hoy.
