En limbo, 4 mil funcionarios de órganos autónomos
Con la desaparición de siete órganos autónomos, 4 mil 524 servidores públicos, muchos de ellos especializados, quedarán en el limbo debido a que sus funciones serán absorbidas por distintas dependencias del Gobierno Federal.
Pese a que un artículo transitorio de la reforma constitucional establece que serán incorporados al Ejecutivo, esto está condicionado a una reestructuración orgánica que deberá hacerse bajo los principios de racionalidad y austeridad republicana.
Uno de los principales argumentos para desaparecer los órganos autónomos es el supuesto ahorro que tendrá su extinción, sin embargo, la mayor parte de su presupuesto va al pago de sus empleados por lo que recontratarlos significaría solamente trasladar ese gasto a una entidad o dependencia del Ejecutivo federal.
La reforma, propuesta por el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador y asumida por la Presidenta Claudia Sheinbaum, plantea la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
También, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
En su conjunto, a estos órganos autónomos se les autorizó un presupuesto para este año de 5 mil 75.2 millones de pesos, de los cuales, 3 mil 424.3 millones de pesos, que representan el 67.5 por ciento, fueron destinados al pago de los salarios de sus empleados.
El dictamen aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 20 de noviembre señala que "los derechos laborales de las personas servidoras públicas serán respetados en su totalidad, en términos de la legislación aplicable".
