En operativo de seguridad, clausuran centro de rehabilitación
Dependencias municipales y corporaciones de seguridad, efectuaron un operativo de revisión en centros de rehabilitación para personas con adicciones, teniendo como resultado la clausura de un establecimiento.
Se trata del anexo Sembradores Laguna, que se localiza en el bulevar Revolución número 1365 oriente, casi esquina con la calzada Cuauhtémoc, donde se encontró a 28 personas, seis de ellos menores de edad, por lo que también se requirió la intervención del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
El director de Inspección y Verificación, Raúl Rodríguez García informó que la clausura se debió a que el establecimiento no contaba con licencia de funcionamiento vigente.
Refirió que por ese motivo se colocaron los sellos correspondientes en los accesos, y hubo la necesidad de trasladar a las personas a otros espacios; en el caso de los menores, ante la presencia del DIF fueron entregados a sus familias.
En estas acciones se contó con la intervención de las Direcciones de Protección Civil y Bomberos, Prevención del Delito, Salud Municipal, Inspección y Verificación, así como la Unidad de Derechos Humanos y la Policía Metropolitana, quienes a temprana hora salieron en convoy del estacionamiento de la Plaza Mayor para emprender las labores de revisión.
Hace apenas unos días, la tarde del pasado jueves, se registró la muerte de un interno en un anexo de la calle Guerrero y avenida Aldama de esta ciudad.
MÚLTIPLES IRREGULARIDADES
Al respecto, el director de Prevención del Delito, Víctor Ramos Galindo informó que se tienen registrados 62 centros de rehabilitación, con una población variante de hasta 3 mil 500 pacientes, la mayoría jóvenes que no alcanzan los 30 años.
Producto de los operativos de inspección se han detectado múltiples irregularidades, principalmente el hacinamiento, al tener más pacientes de los que su capacidad instalada les permite; alimentos en malas condiciones e incumplimiento de la norma en cuanto a baños por persona.
“La ley marca que por cada diez internos debe tenerse un baño completo, con regadera y sanitario; muchas veces tienen un solo baño hasta para cuarenta internos”, expuso el funcionario. Se revisan también las instalaciones eléctricas y sanitarias, las condiciones higiénicas del lugar; que cumplan con papelería y todos los permisos, y que se garantice la atención médica para cada paciente, partiendo de que son personas enfermas que están ahí para recibir un tratamiento y no un castigo, como ocurre en la mayoría de estos casos.
Al respecto, Ramos Galindo dijo que en lo que va de este año se clausuró otro anexo porque un interno tenía marcas visibles de golpes; en toda la administración son ocho clausuras, una de éstas definitiva luego de que en el lugar se encontró “de todo”, desde agresiones a los internos, privación ilegal de la libertad y hasta el ejercicio de la prostitución, pues sacaban a las internas a ejercer esa actividad.
