Senado. (ARCHIVO)
La Ley de Amparo en México ha tenido importantes modificaciones en la última década. Una de ellas fue el pasado mes de abril cuando ambas Cámaras del Congreso aprobaron la reforma solicitada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Su controversia quedó plasmado en las votaciones, en la Cámara de Diputados el dictamen se avaló por 258 votos a favor, 213 en contra; mientras en el Senado fue de 69 votos a favor y 42 en contra.
Durante su discusión en el Senado, el panista Julen Rementería argumentó que la reforma se trataba de un abuso, “ya que elimina la posibilidad de que los ciudadanos puedan recibir el amparo de la justicia federal, respecto a cualquier acción de la autoridad que los afecte”.
Pese a esto, la reforma consistió en limitar el otorgamiento de suspensiones con efectos generales, como las que se habían presentado contra los megaproyectos del gobierno federal.
En abril pasado el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán, expresó su preocupación tras la aprobación de la reforma de la Ley de Amparo y pronunció "para muchos esta figura se ve severamente amenazada por la intolerancia, por ello es responsabilidad y tarea de todos y de todas, protegerlo en su integridad a fin de evitar que este medio de defensa sea debilitado o traicionado por algunos grupos de la Legislatura".
Fue el pasado viernes cuando fueron publicas las reformas en materia de suspensión del acto reclamado e inconstitucionalidad de normas generales.
Función
El juicio de amparo como está plasmado en la ley pretende resolver toda controversia que viole los derechos humanos y las garantías otorgadas por la Constitución, así como los tratados internacionales de los que México sea parte; también defiende de los actos u omisiones de la autoridad federal que vulneran la soberanía de los estados; y cuando las entidades invadan la competencia federal.
En todos los casos siempre y cuando se violen los derechos humanos.
La figura protege también frente a los poderes públicos y particulares.
Breve historia
El secretario de tesis en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Marcos del Rosario Rodríguez, escribió que el juicio de amparo se creó como un instrumento de protección de derechos humanos en 1841 en Yucatán.
El año anterior, el estado se había separado de México en protesta por la instauración de un Estado centralista en 1836, el establecimiento de pago de derechos aduaneros desde la guerra con Texas (1835-1836) y la imposición de contingentes de sangre.
Este ultimo, establecido por el Congreso de 1824 declaraba que cada estado debía aportar un número determinado de reclutas para aumentar los batallones permanentes y cubrir las bajas, según una publicación del INAH.
Al separarse Yucatán de México, se redactó una Constitución que incluyó la incorporación de un catálogo de derechos humanos y la instauración del juicio de amparo, según la investigación de Rosario Rodríguez en su artículo académico el juicio de Amparo: Origen y evolución hasta la Constitución de 1917. Tres casos paradigmáticos que determinaron su configuración.
El artículo 53 establecía que una persona podía ampararse, solicitando la protección “en contra de las normas emanadas de la Legislatura, así como de los actos del Ejecutivo que sean contrarios a la Constitución”.
La figura se aplicó también en el Acta de Reformas de 1847 y luego en la Constitución de 1857.
