Las áreas naturales protegidas son solo un membrete. A los presidentes les encanta declarar áreas naturales protegidas, los hace sentir como que están haciendo algo, los hace ver como realmente preocupados por la naturaleza. Tan solo López Obrador declaró 50 áreas protegidas, mismas que añadió a las 182 existentes, pero no les dio un peso más. Claudia Sheinbaum, la presidenta ecológica lo es también solo de dientes para afuera, pues en a práctica continúa el mismo al cuidado del medio ambiente que vimos en el sexenio anterior. De acuerdo con el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, la Comisión de Áreas Naturales Protegidas (Conam) tendrá en 2025 un presupuesto de mil millones para proteger casi cien millones de hectáreas que conforman estas áreas de interés: 10 pesos por hectárea.
¿Qué se puede hacer para cuidar una hectárea de territorio con diez pesos al año? Nada. Si entendemos por proteger, como al parecer lo hacer el gobierno, solo tener un guardabosques que de vez en cuando le eche un ojo al territorio, el presupuesto apenas alcanza para tener a una persona con salario mínimo por cada diez mil hectáreas, o lo que es lo mismo una persona para vigilar una extensión de 12 veces el bosque de Chapultepec, seis veces el área protegida de Chipinque en Monterrey o una tercera parte del Bosque de la Primavera en Guadalajara.
Las áreas naturales no se conservan por decreto. Si fueron decretadas como zonas protegidas es porque la flora y fauna que las habita es relevante para la biodiversidad y porque viven en constante amenaza por las actividades económicas que se desarrollan en su entorno: minería, agricultura y explotación forestal. En un Estado funcional dentro de un mundo ideal, bastaría con una buena reglamentación de usos de suelo para proteger la flora y la fauna. Pero no es así. ¿Qué puede hacer un área natural protegida de 50 mil hectáreas con un presupuesto de medio millón de pesos frente a los intereses del crimen organizado? En realidad, nada. Es casi un acto simbólico.
Lo mejor que puede hacer un gobierno por la protección de las áreas naturales protegidas es asegurar el Estado de Derecho y propiciar la gobernanza territorial en la que sean las propias comunidades las que gestionen y se beneficien del cuidado ambiental.
De nada sirve decretar más áreas protegidas solo por tenerlas en el listado: eso es populismo ambiental. Es evidente que el presupuesto del Gobierno Federal no alcanza ni alcanzará jamás para la gestión de las áreas naturales protegidas. No se trata, pues, solo de asignar más dinero público, sino de encontrar mecanismos de trasferencia de riqueza de la ciudad al campo, particularmente a las áreas naturales protegidas a través de pago por servicios ambientales y proyectos de gestión territorial. Eso implica cambiar la forma en que entendemos la relación entre ciudad y naturaleza, en articular los impuestos y derechos del desarrollo urbano, el valor el agua y la gestión de los programas de calidad del aire.
