Fuerzas Armadas. (ARCHIVO)
El 93.6% de los delitos investigados en 2023 quedaron impunes a nivel nacional. Oaxaca (99.93%), Jalisco (99.12%) y Colima (97.57%) presentaron los mayores niveles de impunidad. Para el fuero federal, este indicador fue de 95.53% en 2022, último año con datos disponibles.
Coahuila se encuentra entre las entidades federativas que presentaron los niveles de impunidad más bajos, con 84.90%, junto a Michoacán (76.26%), Querétaro (78.74%), Guanajuato (79.82%), Baja California Sur (80.46%), Sonora (80.71%) y Baja California (86.94%).
Los delitos con mayor impunidad fueron desaparición forzada (99.5%), extorsión (98.4%), fraude (97.2%) y homicidio doloso (96.8%). En comparación con el año anterior, aumentó la impunidad en secuestro (+4.2%), desaparición (+3%) y homicidio (+1.1%); mientras que disminuyó en narcomenudeo (-2.2%), feminicidio (-1.9%) y violencia familiar (-1.8%).
Ante este panorama, México Evalúa advierte que, aunque los promotores de la reforma judicial aseguraron que ésta contribuirá a la reducción de la impunidad, en realidad se ignoraron sus causas y condiciones. Susana Camacho, Coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, dio que actualmente, sólo 3.6% de las carpetas de investigación llegan ante un juez. Uno de los factores de este bajo porcentaje es la falta de capacidades de investigación criminal, la cual es responsabilidad de las fiscalías.
La organización advierte que involucrar a la Guardia Nacional en la investigación de delitos distorsionará la justicia penal, ya que su formación militar carece del enfoque en seguridad ciudadana y derechos humanos necesario para una investigación efectiva.
De acuerdo con el reporte, las fiscalías, juzgados y defensorías públicas enfrentan importantes sobrecargas de trabajo, lo que podría generar errores procesales, investigaciones apresuradas o defensas inadecuadas, comprometiendo así el debido proceso. En 2023, cada fiscal o agente del ministerio público atendió en promedio 310 carpetas de investigación, un aumento notable frente a las 181 reportadas en 2022; mientras que cada juez en materia penal atendió en promedio 356 causas.
Para mejorar la justicia penal, se necesita fortalecer a las instituciones con personal capacitado y suficiente. Para lograrlo, no bastará con invertir más recursos; se debe replantear su distribución con una visión de sostenibilidad, inclusión y orientación a resultados, comentó Mariana Campos, directora general de México Evalúa.
Hallazgos 2023 revela que los procesos penales más rápidos fueron mediante acuerdos reparatorios, con 214 días en promedio, mientras que los juicios orales fueron los más largos, con 553 días, cuestionando así el acceso a una justicia pronta y expedita.
El documento señala una disminución en la prisión preventiva: el 50.68% de los imputados en 2023 están en libertad con medidas cautelares, un 7.58% más que en 2022. Sin embargo, al menos 4,742 personas llevan más de 730 días bajo estas medidas a nivel estatal, por lo que estos casos requieren revisión.
En conclusión, el análisis sugiere mejorar la justicia penal en México mediante una redistribución estratégica del gasto, más vías de resolución no punitivas, investigaciones sólidas basadas en contexto y una mayor respuesta institucional a las demandas sociales.
