Migrantes en Torreón. (VAYRON INFANTE)
Buscan que se implementen las acciones y políticas públicas necesarias para garantizar el respeto a los derechos humanos de los migrantes en nuestro país.
Lo anterior durante la última sesión del Congreso del Estado a través de un Punto de Acuerdo que presentó la diputada Claudia Elizabeth Aldrete García, en cual se hizo un exhorto al titular de la Secretaría de Gobernación, a fin de que por conducto del Instituto Nacional de Migración y en coordinación y en coordinación con las entidades federativas, se implementen dichas acciones.
En la exposición de motivos, la legisladora panista manifestó que el problema de la migración en México es muy complejo, ya que nuestra ubicación geográfica como frontera con Estados Unidos y a la vez, como punto entre nosotros y todas las personas que provienen de naciones de Centroamérica en busca de una vida mejor en el vecino país, nos convierte en paso obligado para decenas de miles cada año y, en menor medida, en destino final de muchos de ellos.
Añadió que los motivos de la migración que proviene de naciones como Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua son variados y complejos, entre ellos están violencia de las pandillas, desastres naturales, problemas políticos, crecimiento del narcotráfico, y la violencia sin control de los cárteles en algunas regiones.
Recordó que en los últimos años un nuevo fenómeno migratorio apareció en nuestro país, que son las llamadas caravanas de migrantes, grupos de varios miles de personas que cruzan la frontera de México con Guatemala, con miras a llegar a Estados Unidos.
“En estas caravanas se ha detectado en muchos casos la presencia de menores que viajan solos, sin la compañía de padres o tutores que se encarguen de ellos, así como mujeres embarazadas o con bebés, personas de la tercera edad, personas con algún tipo de discapacidad y ciudadanos provenientes de países que en el pasado no se caracterizaban por un flujo migratorio frecuente o notable, como lo son Haití, Senegal y Angola”, señaló.
Dijo que en 2014, se presentó por parte del gobierno federal el Plan Frontera Sur, con dos objetivos esenciales: ordenar los flujos migratorios, y garantizar la integridad y respeto de los derechos humanos de los migrantes.
Sin embargo, factores como la cada vez mayor presencia del crimen organizado acechando a los migrantes, la corrupción de las autoridades migratorias y de los estados por donde pasan los migrantes, han complicado mucho que se pueda garantizar la protección de los derechos de ellos.
Indicó que en 2019, se adoptó una nueva política migratoria con base en la tendencia internacional de cooperación para el desarrollo, con el objetivo de reducir los flujos migratorios, por medio de crear programas y apoyos para combatir la pobreza en las naciones de Centroamérica que más generan migración.
“Pero los flujos no se detuvieron, ni siquiera durante la pandemia. El gobierno federal ha optado por lo que se define como migración regulada, por medio de la emisión de credenciales y permisos de estadía y movilidad; pero a la vez, se le dio mayor participación a la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina en el control migratorio, con las consecuencias que ya todos conocemos”, apuntó.
Resaltó que entre los principales problemas migratorios actuales en nuestro suelo, están:
• Incremento del tráfico de personas.
• Incremento exponencial de las extorsiones a migrantes de parte de autoridades federales, locales y del crimen organizado.
• Situación deplorable de las estaciones migratorias.
• Transferencia de las atribuciones del Instituto Nacional de Migración al Ejército, la Guardia Nacional y la Marina, pero sin reglas ni bases que permitan una eficaz colaboración, donde se garanticen los derechos humanos de los migrantes, así como sus derechos migratorios.
• Violaciones graves de derechos humanos a los migrantes en la frontera sur y en los trayectos dentro del territorio nacional.
Destacó que en 2023, la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) emitió una declaración señalando que la frontera Estados Unidos- México es la ruta migratoria más peligrosa del mundo.
Subrayó que todo esfuerzo por regular la migración en nuestro país se enfrentará al fracaso rotundo mientras los planes, acciones y políticas públicas en la materia no contemplen las medidas necesarias para garantizar los derechos humanos de los migrantes, desde el momento justo en que cruzan la frontera sur, y durante su trayecto y estadía en suelo nacional.
