Distritos de Riego del país.
Un total de 84 Contralorías Autónomas del Agua de 28 estados de la República, incluidos Coahuila y Durango, así como la Ciudad de México, se unieron para conformar la Contraloría Nacional Autónoma del Agua.
Elizabeth Estrada, vocera en la región lagunera, señaló que cuatro Legislaturas del Congreso de la Unión han incumplido con el mandato del Artículo 4 Constitucional de emitir una Ley General de Aguas que sentaría las bases para el acceso equitativo y sustentable al agua a través de la participación tanto de los tres órdenes de gobierno como de la ciudadanía, ello pese a las crisis hídricas que se viven en todo el país.
En este sentido, la Contraloría Nacional Autónoma del Agua celebró el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum de construir el Acuerdo Nacional para la Seguridad y Sustentabilidad del Agua, el cual busca corregir los graves problemas sociales y ambientales causados por el sistema privatizante de concesiones de la Ley de Aguas Nacionales.
El organismo apoyó la decisión de eficientar el uso del agua por los Distritos de Riego, señalando que la propuesta de tecnificación solo podría liberar volúmenes de agua sin despojo bajo las siguientes condiciones: prohibiendo la venta de derechos y de “excedentes” así como los usos no agrícolas de las aguas de los DR; reemplazando las actuales figuras jurídicas acaparadas por grupos de poder con nuevas formas de organización democráticas y transparentes; erradicando la corrupción en este sector; revertir la política de transferencia de los DR y de Temporal Tecnificado para que el Estado recupere su papel rector.
Pidió que la Semarnat ejerza su papel como cabeza de sector, para así poder fomentar políticas de coordinación con la Comisión Nacional del Agua, el Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Comisión Nacional Forestal y Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.
La Contraloría recomendó un trabajo a fondo con la CFE para eficientar el uso de las aguas nacionales por las plantas termoeléctricas, siendo el principal uso industrial de aguas nacionales, y para lograr que los pozos ilícitos no cuenten con electrificación.
"Estamos de acuerdo con su propuesta de no permitir la compra y venta de concesiones ni el cambio de usos. Proponemos asignar vigencias máximas a las concesiones y asignaciones asociadas con el derecho humano al agua, la alimentación y la restauración ecológica, y vigencias mínimas a proyectos potencialmente dañinos", expresó la Contraloría en un comunicado conjunto.
"Nos comprometemos con procesos de planeación desde cada región del país para consensar estrategias que desmonten las dinámicas de sobreconcesionamiento, acaparamiento, despojo y tomas ilícitas que resultan en la violación sistemática de nuestros derechos colectivos. El sobreconcesionamiento está secando nuestros pozos, manantiales, suelos forestales, ríos y ecosistemas, así dejándonos aún más vulnerables a los extremos del cambio climático", añadió.
La Contraloría confió en que el Acuerdo Nacional incluirá a su vez el reconocimiento de los derechos al agua de los pueblos indígenas y afromexicanos en el contexto de las reformas al Artículo 2 Constitucional y de los núcleos agrarios cuyos derechos fueron inconstitucionalmente desconocidos por la Ley de Aguas Nacionales.
Apoyó el compromiso de lograr un aprovechamiento óptimo del agua, con el fin de liberar los volúmenes requeridos para el derecho humano al vital líquido, a través de estrategias que respeten los pueblos, los ríos, los lagos, cenotes y los ecosistemas. Para lograr este fin, señaló la necesidad de garantizar los recursos federales y la capacidad técnica requerida para prevenir fugas en las ciudades, dado que según el Inegi se está perdiendo más de la mitad de los volúmenes extraídos para uso público urbano.
