FOTO: EFE/ Mario Guzmán
La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Ciudad de México, contra quien resulte responsable, luego de que se impidiera la detención del exgobernador Javier Corral Jurado.
En un comunicado oficial que se difundió esta tarde en Chihuahua, la Fiscalía Anticorrupción dio a conocer que la denuncia se interpone derivado de los probables hechos delictivos que se suscitaron en contra del personal de esa Fiscalía, mismos que tuvieron verificativo en la Ciudad de México el día 14 de agosto, mientras se efectuaba el cumplimiento de un mandato judicial, para llevar ante el juez de control al hoy evadido de la justicia de siglas JCJ, (Javier Corral Jurado) por el delito de peculado con penalidad agravada en número de dos, por un desvío de 98 millones 600 mil pesos.
De acuerdo con lo que se explicó, en los hechos estuvieron involucrados diversos servidores públicos de la Ciudad de México, así como particulares.
En el documento se lee lo siguiente: “Hace unos momentos, y con fundamento en los artículos 20, apartado C y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales 105, 109, 221 y 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Representación Social presentó dos denuncias en la Ciudad de México, contra quienes resulten responsables; la primera ante María de la Luz Mijangos Borja, titular de la Fiscalía Especializada en materia de combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República y la segunda ante Rafael Chong Flores, Fiscal Especializado en combate a la Corrupción de la Ciudad de México”.
Lo anterior, para dar a conocer formalmente a la autoridad investigadora dichos hechos probablemente delictivos, a fin de que se sancione a los responsables de tales inéditos e inusitados acontecimientos que se tradujeron en una clara obstrucción de la justicia, mismos que son presuntamente constitutivos de los delitos de tráfico de influencias, evasión, abuso de autoridad, desobediencia y resistencia de particulares, entre otros.
