El presidente del CCE dijo que se participará también en campañas de promoción al voto. (ARCHIVO)
El Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) aprobó los lineamientos que garantizan la participación política de grupos vulnerables y la designación de fórmulas para regiduría étnica y afromexicana para el proceso de este año.
La finalidad de los lineamientos enfocados a grupos vulnerados es establecer acciones afirmativas y reglas mínimas que deberán observar las personas obligadas en la postulación y el registro de sus candidaturas.
En el caso de personas con discapacidad, se establece una cuota fija garantizada para que se les considere en un total de 18 postulaciones (ocho de mayoría relativa y 10 de representación proporcional) y de una postulación por el principio de mayoría relativa en cada municipio, así como ocho por representación proporcional para el resto de los grupos en situación de vulnerabilidad (jóvenes, adultos mayores, víctimas de crímenes de lesa humanidad o aberrantes, inmigrantes y personas desplazadas).
Por otra parte, en Coahuila existe una población de 13 mil 349 personas pertenecientes a comunidades y/o pueblos indígenas o afromexicanos, siendo la tribu kikapú y la comunidad de Negros Mascogos las de mayor arraigo histórico, cultural y social en el municipio de Múzquiz.
Los lineamientos aprobados por el IEC establecen las reglas para la designación de las regidurías étnicas y afromexicanas en los Ayuntamientos que corresponda en la entidad.
Por ello, se determinó que el Consejo General solicitará a las autoridades correspondientes a dichas comunidades, el nombramiento de las personas que ocuparán el cargo de regiduría propietaria y suplente en el Ayuntamiento de Múzquiz, observando el principio de paridad.
En otros asuntos, en la sesión se aprobó también el calendario de sesiones de los Comités Municipales Electorales para el PEL 2024.
Asimismo, se ratificó el convenio general de colaboración celebrado con el Poder Judicial del Estado y el Tribunal Electoral de Coahuila, relativo a la verificación de que quienes pretendan postularse a un cargo de elección popular no se encuentren en los supuestos de suspensión de derechos y prerrogativas por haber violentado a una mujer por razón de género o a niños, niñas o adolescentes en situación de vulnerabilidad.
