Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación (FOTO: Agencia EL UNIVERSAL/Diego Simón Sánchez/EELG)
El Gobierno de México presentó ante la Cámara de Diputados una denuncia de juicio político en contra de un juez federal del norteño estado de Tamaulipas ante el supuesto de favorecer la liberación de integrantes de grupos criminales.
“Se tuvo conocimiento de probables actuaciones por parte de dicho juez que favorecieron a integrantes de grupos criminales que operan en la frontera norte del país y a través de las cuales se fomenta la impunidad y se niega el derecho a la justicia al pueblo de México”, señaló en un comunicado la Secretaría de Gobernación (Interior).
La acusación es en contra del juez de distrito especializado en el sistema de justicia penal acusatorio del norteño estado mexicano de Tamaulipas, Crescencio Contreras.
El Gobierno mexicano sostiene que se tiene “una serie de elementos que hacen presumir que las determinaciones del juez no están apegadas a los principios constitucionales y legales”, pues ha permitido la liberación de “generadores de violencia en agravio del interés público”.
“En la denuncia entregada a la Secretaría General de la Cámara de Diputados se hizo del conocimiento de las y los legisladores federales sobre diversos casos de alto impacto”, detalló Gobernación.
Entre estos casos, la Secretaría de Gobernación mencionó la liberación de integrantes de un grupo criminal presuntamente vinculado con el reciente secuestro de 31 personas migrantes en el estado de Tamaulipas, norte de México.
“Así como otros actos relacionados con la delincuencia organizada, como el tráfico de fentanilo, la posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y cohecho”, abundó.
Es por ello, que el Gobierno mexicano considera que hubo, por parte del juzgador mexicano, desapego a los principios legales y éticos de objetividad, imparcialidad y profesionalismo que deben de regir la actuación de los jueces.
“Por tanto, se presentó una solicitud de juicio político para que dicha soberanía investigue y analice la actuación del juez y, en su caso, proceda ante el Senado de la República, el cual deberá determinar sobre su posible destitución”, concluyó.
