El primero de octubre marca un día histórico en la política mexicana: la Dra. Claudia Sheinbaum asume la presidencia, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo en México. Este hito representa un cambio significativo en la dinámica política contemporánea, y la transición abre la puerta a la discusión de una de las problemáticas más persistentes y urgentes: la seguridad.
Los retos en materia de seguridad que enfrenta la nueva administración tienen sus raíces en la llamada “guerra contra el narcotráfico”, cuyo clímax se vivió durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), pero que empezó a gestarse años antes. Como bien señala Luis Astorga en su libro El siglo de las drogas, la militarización de la seguridad pública y el control ejercido por el Ejército y laMarina provocaron una escalada de la confrontación con los grupos del crimen organizado generando nuevos polos de violencia en diversas regiones del país. El resultado ha sido un incremento sostenido de la violencia, que ha alcanzado picos históricos en los últimos años, con un crecimiento de homicidios dolosos, desapariciones y violencia de género.
En respuesta, la presidenta presentó el documento “100 pasos por la transformación”, donde esboza cinco ejes clave para abordar el problema: la honestidad y la atención a las causas de la violencia; la consolidación de la Guardia Nacional; el fortalecimiento de la inteligencia e investigación; la coordinación con policías estatales, fiscalías locales y la Fiscalía General de la República; y, por último, la reforma al Poder Judicial. Aunque estos puntos buscan articular una estrategia amplia, se percibe una orientación reactiva centrada en aumentar el número de policías y fortalecer el aparato operativo de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, este enfoque, que privilegia la contención inmediata de la violencia, corre el riesgo de dejar en segundo plano la necesidad de políticas preventivas.
La violencia en México es un fenómeno que no puede reducirse únicamente a la intervención policial omilitar. Las condiciones de vulnerabilidad en las que viven amplios sectores de la población son terreno fértil para el crecimiento de la violencia y la reproducción del crimen organizado. Es necesario señalar que la problemática de la seguridad no se reduce exclusivamente a la lucha contra el narcotráfico.
El reto es construir un modelo de seguridad que no solo reactive la capacidad de respuesta del Estado frente a los grupos criminales. Para ello, será fundamental avanzar en la profesionalización de las policías locales y la construcción de un sistema judicial sólido. Este fortalecimiento institucional no será suficiente si no se acompañan de estrategias comunitarias que involucren a la sociedad civil y a la academia, con el objetivo de generar dinámicas preventivas a nivel local y de largo plazo.
