Han pasado ya 10 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, sin que el gobierno saliente diera cuentas claras a los padres y familiares que siguen buscando una respuesta; padres, madres, que han fallecido en el trascurso de este tiempo sin haber tenido una respuesta en la cual se haya esclarecido el destino o paradero de sus hijos y sancionar a los responsables.
El pasado 3 de octubre de 2014, pocos días después de la desaparición de los estudiantes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH emitió la Medida Cautelar 409/14, la cual continúa vigente. La CIDH instó al Estado mexicano a brindar información sobre la situación o el paradero de los 43 estudiantes, y a acompañar a quienes sobrevivieron al suceso.
Esta medida cautelar marcó el inicio de la intervención de la CIDH en el caso, con el objetivo de contribuir a la búsqueda de los estudiantes desaparecidos, esclarecer los hechos e identificar y juzgar a los responsables.
Durante estos 10 años la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a través de acuerdos con el Gobierno mexicano y los familiares de los estudiantes, la CIDH implementó en dos ocasiones un mecanismo conocido como Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), para asegurar el cumplimiento de la medida cautelar y las recomendaciones formuladas por el GIEI y la propia CIDH. El GIEI ha colaborado con las autoridades mexicanas, ha sido fundamental para reorientar la investigación, descubrir fallas y desmentir la versión oficial sobre la desaparición de los estudiantes.
A través de su trabajo, la familia de los estudiantes y el mundo en general descubrieron que la llamada “verdad histórica” era una invención, y que los agentes estatales sabían de los ataques y la desaparición de los estudiantes desde el principio. Investigaciones recientes del GIEI también han señalado la posible participación de agentes estatales en estos crímenes.
Sin embargo, pese a estos avances, la CIDH observa con preocupación el actual estancamiento de la investigación y los recientes retrocesos institucionales que ha impedido identificar a los autores materiales e implicados en el encubrimiento.
Se espera que este gobierno no dé carpetazo al esclarecimiento de este hecho inédito, y que asuma su compromiso con en este caso emblemático.
Los familiares de los estudiantes desaparecidos tienen derecho a ser escuchados, tienen derecho a la verdad, y que el Estado asuma su responsabilidad de la inoperancia en el caso. *Comisión interamericana de Derechos Humanos /boletín no. 9/26/2024
